Este 23 de febrero, la parroquia Gualel amaneció militarizada. Según declaraciones de comuneros, a través del abuso de la fuerza pública y la violencia, la actividad minera pretendería instalarse en los páramos de Fierro Urco.
Una de las denunciadas incluye la construcción de un camino desde la parroquia hacia los páramos, actividad realizada en 2022 por la Junta Parroquial y que no contaría con permisos ambientales de ningún tipo e inclusive con pronunciamientos en contra de la Prefectura de Loja y el Ministerio del Ambiente.
“La empresa Guayacan Gold no cuenta con la licencia social de los pueblos de Fierro Urco, para la realización de actividades mineras en la concesión Santiago, en los páramos de la cordillera. No ha existido un proceso constitucionalmente válido de consulta ambiental a las comunidades que están en la zona de influencia y aquellas afectadas directamente por los potenciales impactos ambientales, esto es responsabilidad exclusiva del Estado”, sostiene un comunicado emitido por los comuneros.
Adicionalmente, dentro del proceso judicial nro. 11333-2022-00183 , por la vulneración de derechos de comuneras y comuneros de Gualel y de la Naturaleza, Jueces de la Unidad Judicial Civil de Loja y de la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Loja ignorarían los riesgos latentes de violencia resultantes de la imposición de actividades inconsultas y, pese a pruebas del camino abierto por la Junta, no concederían las medidas cautelares necesarias para que este tipo de eventos sean evitados.