La iniciativa busca coordinar acciones contra esta problemática en toda la provincia.
Redacción IMBABURA.
Más de 10 instituciones públicas conforman la Comisión Especial Contra la Minería Ilegal (Cecmi), que busca combatir esta problemática en la provincia de Imbabura.
El gobernador Patricio Cervantes fue quien impulsó la reactivación de esta Comisión, que dijo se encargará de asesorar y coordinar actividades y mecanismos para combatir la minería ilegal en los territorios donde se ha identificado este tipo de delito, considerado una amenaza para la seguridad nacional.
“Como parte estratégica de la aplicación en territorio de los cinco pilares fundamentales de la seguridad en Imbabura, se encuentra la coordinación interinstitucional y la suma de esfuerzos con el sector Justicia (…). La minería ilegal ha sido declarada como una amenaza para la seguridad del Estado, por ello he decidió reactivar la Comisión Especial Contra la Minería Ilegal”, dijo.
Acciones institucionales
Los ministerios del Interior, Defensa, Recursos No Renovables,Ambiente, las secretarías de Planificación, de Gestión de Riesgos, de Inteligencia, así como la Agencia de Control Minero, la Aduana, el Ejército y la Policía, delinean las estrategias para combatir la minerìa ilegal, según sus competencias.
Por ejemplo, desde la Policía Nacional y las FF.AA. se acordó intervenir de manera contundente en zonas donde se ha detectado este tipo de actividades, con mayor énfasis en Buenos Aires, cantón Urcuquí, con el objetivo de mantener una convivencia pacífica y frenar posibles actos delictivos en torno a la minería ilegal.
Los ministerios de Minas y Ambiente, en cambio, trabajarán en el fortalecimiento de conocimientos en temas mineros a las autoridades que integran el Cecmi. Y, complementariamente, se tiene previsto la creación de un comité técnico, que se encargará de ejecutar acciones combinadas.
“A través de la reactivación del Cecmi se tendrá un mejor control de los procesos y con el actuar de los órganos de Justicia serán tratados los procesos judiciales apegados a derecho y con la celeridad en los casos de minería ilegal”, dijo Cervantes, quien además, afirmó que se ha llamado a mesas de trabajo para abordar este tema, donde también se hizo la invitación a la Corte Provincial de Justicia y la Fiscalía.
El alcalde del cantón Urcuquí, Jorge Manrique, así como la presidenta del GAD Parroquial de Buenos Aires, Lucía Chicaiza, resaltaron la importancia de las reuniones de trabajo para tratar la minería ilegal, pero pidieron ser más drásticos en los controles y operativos en sectores donde se ha detectado actividades ilícitas.
Además, recalcaron la necesidad de trabajar juntos para devolver la paz al cantón y parroquia, respectivamente, donde han sido afectados por mineros ilegales desde aproximadamente 2018. (FV)
Crimen organizado detrás de la minería ilegal
Los problemas de minería ilegal en Imbabura son constantes y se dan a pesar de los controles militares que se ejecutan en zonas de conflicto como Buenos Aires, en el cantón Urcuquí. Cada semana, en esa región, se localizan campamentos con materiales para extraer ilegalmente los recursos.
Según un informe de seguridad de octubre de 2022, organizaciones narcodelictivas operan en zonas donde se registran operaciones de minería ilegal, con lo que también estarían financiado el resto de delitos que cometen en todo el país.
Por ejemplo, se mencionaba que en el sector Buenos Aires, la banda los Lobos habría instalado sofisticados campamentos para extraer oro ilegalmente, en un lucrativo negocio.
Tentativamente, según el Ejército, cada mil bultos de minería extraídos representan 30.000 kilogramos de material aurífero, que tendrían un valor de alrededor de $80.000. Sin embargo, tras ser procesado y obtener el oro como tal, su valor se incrementa.
El mes pasado, 16 personas fueron procesadas por minería ilegal en Imbabura.