Odebrecht, la gigante constructora brasileña, sigue en el centro de uno de los mayores escándalos de corrupción en América Latina. Con multas millonarias, investigaciones en curso y un futuro incierto, la compañía tiene muchas cuentas pendientes en la región.
Odebrecht y su red de sobornos
En 2016, Odebrecht admitió ante la justicia haber instaurado una red de sobornos a escala global. La sentencia impuso una multa de 2,600 millones de dólares y la obligación de reparar el daño en los países donde se realizaron los pagos ilegales. Sin embargo, la realidad de los montos entregados en sobornos en América Latina excedía lo que la empresa había revelado inicialmente.
La verdad a medias de Odebrecht
Una investigación reciente llevada a cabo por la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, integrada por medios de nueve países latinoamericanos, reveló que Odebrecht no había sido completamente transparente. En todos los casos, los montos de dinero ilegal eran significativamente superiores a lo que la empresa había admitido.
Por ejemplo, en Venezuela, aunque confesaron haber dado 98 millones de dólares en pagos ilegales, en realidad fueron 142 millones.
En Perú, admitieron 29 millones, pero el monto real supera los 69 millones. En Panamá, reconocieron 59 millones, pero la cifra real es de al menos 130 millones. Situaciones similares ocurrieron en Argentina, Colombia, México y Ecuador.
Las cuentas pendientes de Odebrecht
A pesar de los años transcurridos desde la confesión inicial de Odebrecht, aún existen muchas cuentas pendientes entre la empresa y los países donde cometió los delitos. Algunos, como Panamá, Perú y Colombia, han logrado recuperar parte del dinero defraudado. Sin embargo, otros como Argentina, Venezuela, México y Ecuador no han recuperado ni un solo dólar. El escándalo de Odebrecht resalta la corrupción político-empresarial existente en el continente. En 2014, las autoridades brasileñas expusieron las operaciones de lavado de dinero y sobornos de un cartel de empresas en connivencia con ejecutivos de la petrolera brasileña Petrobras. La Operación Lava Jato descubrió que las firmas se coludieron para inflar contratos y el dinero extra era repartido en sobornos dentro y fuera de Brasil.
Los obstáculos a la Justicia
Los sistemas de justicia lentos, las obstrucciones y la negligencia han permitido que muchos de los acusados y sospechosos de haber recibido pagos ilegales no hayan sido sentenciados. En Argentina, México y Venezuela, no se ha castigado a ningún exfuncionario, político o empresario.
En México, por ejemplo, las autoridades tardaron más de cinco meses en traducir una entrevista con el fundador de la compañía, Marcelo Odebrecht, debido a la falta de traductores de portugués a español.
La situación en Venezuela
En Venezuela, a pesar de que Odebrecht admitió haber financiado campañas de gobernadores y alcaldes oficialistas y de la oposición, no hay juicios ni responsables contra ningún funcionario o político. Además, Venezuela es el único país donde Odebrecht no concluyó las obras que había obtenido.
Panamá: Las condenas en el exterior
En Panamá, los únicos condenados por la trama de corrupción de Odebrecht son los hijos del expresidente Ricardo Martinelli, pero sus sentencias se dieron en una corte de Estados Unidos y no en el país centroamericano.Igual es el caso de Polit, cuyo hijo fue declarado inocente en el Ecuador y hoy su Padre fue declarado culpable en Estados Unidos.
Odebrecht en Argentina
Actualmente, Odebrecht, que ahora lleva el nombre de Novonor, está en un proceso de contraofensiva en Argentina. Logró que Brasil suspendiera el intercambio de información sensible con la justicia de ese país. Además, evalúa demandar al Estado argentino por 50 millones de dólares.
Uruguay: Un eslabón en la cadena de corrupción
Uruguay fue utilizado por Odebrecht como una pieza clave para lavar el dinero con el que compraba voluntades por el continente, pero nadie ha sido responsabilizado penalmente.
Colombia y su negativa a colaborar
Colombia fue uno de los países que declinó firmar acuerdos de colaboración con Odebrecht para proteger a los ejecutivos responsables de los sobornos que decidieran hablar con la justicia. Por ello, ha sido complicado que la firma entregue información adicional sobre los ilícitos para poder avanzar en el caso.
Perú: Un caso de éxito
En contraposición, Perú sí firmó convenios con Odebrecht para obtener información adicional y montó un pequeño equipo de fiscales para llevar adelante las investigaciones. Perú es el país que ha recuperado más dinero y ha logrado la mayor cantidad de sentencias.
Brasil: Un nuevo capítulo
En Brasil, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, arrestado en 2017 por supuestamente recibir sobornos, fue liberado y quedó sin ninguna causa judicial en su contra después de que se reveló que el juez anticorrupción Sergio Moro había violado el principio de imparcialidad en su juicio.
Ahora, Lula busca desafiar en las elecciones presidenciales de octubre al actual presidente, Jair Bolsonaro.
El caso de Odebrecht demuestra que la justicia en varios países de América Latina necesita ser más rápida y eficaz. En los últimos seis años, ha sido un factor de retraso para que los castigos no ocurran y no se logre el resarcimiento del daño. La empresa aún tiene cuentas pendientes en la región, y la resolución de estos casos será crucial para el futuro de la lucha contra la corrupción en América Latina.
Tres muestras de la impunidad
Argentina
Escándalo de corrupción sacude a Argentina: Arribas, De Vido y otros procesados por presuntos sobornos millonarios de Odebrecht En un nuevo capítulo de corrupción que estremece a Argentina, fiscales estadounidenses han revelado que la empresa Odebrecht realizó pagos de sobornos por un valor de 35 millones de dólares entre los años 2007 y 2014. Entre los implicados se encuentra el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) argentino, Gustavo Arribas, quien fue imputado en enero de 2017 por recibir coimas y otras dádivas de la compañía brasileña.
Durante los días 25 y 27 de septiembre de 2013, un operador financiero brasileño condenado por el caso Lava Jato transfirió más de medio millón de dólares a una cuenta de Arribas, presuntamente destinados al pago de coimas, lavado de activos y evasión. Según las investigaciones, Arribas habría recibido cerca de 0,6 millones de dólares en una cuenta suiza.
Además, el exministro de Planificación Pública, Julio De Vido, y otros exfuncionarios como José López y Roberto Baratta han sido acusados, imputados y procesados por el delito de administración fraudulenta y supuestos sobornos en la construcción de plantas potabilizadoras en Tigre y Berazategui. También se han procesado a directivos de la empresa AYSA y a empresarios implicados en el caso.
El escándalo ha salpicado incluso al financista brasileño de Odebrecht, Meirelles, quien ha confirmado haber pagado propinas entre 2009 y 2014 a través de depósitos en Panamá y Argentina. El fiscal Francisco Delgado ha imputado a Meirelles por su participación en el escandaloso caso de corrupción. El futuro de los implicados en este entramado de corrupción parece incierto, con la causa siendo elevada a juicio oral en 2021 y De Vido enfrentando cargos adicionales por hechos vinculados a la construcción de gasoductos en el país. La sombra de Odebrecht sigue planeando sobre altos funcionarios y empresarios argentinos, en un caso que promete seguir generando titulares y escándalos en los próximos meses.
Guatemala
El escándalo de corrupción de Odebrecht en Guatemala se remonta al año 2012, cuando el Ministerio de Comunicaciones le otorgó a la empresa brasileña un proyecto para la ampliación de la carretera CA-2 Occidente. Para financiar este proyecto, el Congreso guatemalteco aprobó un préstamo de casi US$400 millones al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil en un solo debate. Sin embargo, en mayo de 2014 se descubrió la operación Lava Jato en Brasil, lo que puso en evidencia sobornos a funcionarios guatemaltecos, incluido el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi.
En mayo de 2016, la constructora Odebrecht paralizó la construcción de la carretera CA-2 Occidente en Guatemala debido a irregularidades en el avance financiero de la obra, lo que llevó al Gobierno a detener el proyecto y comenzar la liquidación del contrato. En diciembre de ese año, Marcelo Odebrecht cooperó con las autoridades, revelando que la empresa había pagado US$788 millones en sobornos a funcionarios en Latinoamérica y África. A pesar de las investigaciones en otros países implicados, en Guatemala la fiscal Thelma Aldana no tomó acciones. En 2017, el Ministerio de Comunicaciones anunció investigaciones contra exfuncionarios que habían firmado modificaciones al contrato de la carretera CA-2 Occidente, lo que derivó en sobrecostos y posibles beneficios para empresas privadas locales. La Contraloría General de Cuentas estaba realizando investigaciones sobre la sobrevaloración en la construcción de tramos de carreteras contratados con Odebrecht. Finalmente, en 2018 el Gobierno rescindió el contrato con la empresa brasileña debido a incumplimientos.
En enero de 2018, la captura en Estados Unidos de Manuel Baldizón, exdiputado y aspirante a la presidencia de Guatemala, reveló sobornos por US$17.9 millones relacionados con el caso Odebrecht. La empresa acordó pagar una multa a Guatemala como reparación por los daños causados, devolver el material adquirido para la construcción y ofrecer disculpas públicas al país. Sin embargo, se descubrió que el acuerdo fue negociado de manera secreta, sin la participación legal correspondiente del Estado guatemalteco.
En agosto de 2020, Alejandro Sinibaldi, prófugo de la justicia desde 2015, se entregó a las autoridades. En 2022, Sinibaldi implicó a 108 diputados del Congreso en la red de sobornos relacionados con el préstamo aprobado en 2012.
Finalmente, en junio de 2022 se anuló el acuerdo con Odebrecht debido a irregularidades en la negociación, y en enero de 2023 se emitieron órdenes de captura contra antiguos funcionarios del Ministerio Público y la Comisión Internacional por su participación en el caso.
La justicia guatemalteca también anunció acciones contra Thelma Aldana y Iván Velásquez por su involucración en la negociación del convenio con la empresa brasileña.
México
Durante el periodo entre 2010 y 2014, Odebrecht estuvo involucrado en pagos por un total de US$10.5 millones para asegurarse contratos de obras públicas en México, durante las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
Estos contratos generaron a la empresa beneficios por más de USD$39 millones. Una de las principales acciones de Odebrecht en México fue la reconfiguración de tres refinerías para la paraestatal PEMEX en Minatitlán (Veracruz), Tula (Hidalgo) y Salamanca (Guanajuato).
En todos estos proyectos se observaron irregularidades como adjudicaciones directas, pagos con sobreprecio y ampliaciones presupuestales no autorizadas.
Estos actos de corrupción han generado polémica y controversia en el país, ya que ponen de manifiesto la corrupción en las licitaciones de obras públicas durante ese periodo. La participación de Odebrecht en estos proyectos ha sido objeto de investigaciones y señalamientos, lo que ha puesto en entredicho la transparencia y legalidad en la contratación de obras públicas en México.
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