El acuerdo con el FMI es bueno para todos

Cordes

El FMI anunció hoy que ha llegado a un “acuerdo a nivel de staff” con el Gobierno ecuatoriano para un nuevo programa de crédito que ahora debe ser aprobado por el Directorio del multilateral. Según el comunicado del Fondo, el programa, tipo Servicio Ampliado (como el que concluyó en 2022), tendrá una duración de 48 meses e implicará desembolsos por $4.000 millones.

Si bien aún no se conocen los detalles del acuerdo, es decir, las metas que el Ecuador deberá alcanzar para recibir todos los desembolsos programados, el anuncio es una buena noticia para el país por distintas razones.

Alivio Fiscal
Pese al aumento del IVA y la creación de nuevos impuestos temporales (que pueden tener efectos nocivos sobre la inversión y la oferta de crédito en el país), el Gobierno sigue enfrentando serios problemas para poder cumplir con sus pagos. De esto pueden dar fe los gobiernos seccionales y la seguridad social, que reciben las transferencias desde el Presupuesto General del Estado con meses de retraso; varios proveedores privados que permanecen impagos, algunos desde años anteriores; e incluso algunos empleados públicos que no reciben sus sueldos a tiempo.

La llegada de nuevos créditos desde el exterior, especialmente si las condiciones financieras de los mismos son mejores que las que el Ecuador podría conseguir en los mercados de capitales, permitirá aliviar en algo la situación fiscal.

Nuevos acuerdos
A eso se suma que un nuevo acuerdo con el FMI representa un aval para que otros multilaterales otorguen nuevos créditos al Ecuador. De hecho, la CAF habría aprobado un crédito extraordinario por $800 millones, que permitirá descomprimir la situación fiscal en lo inmediato y se pagará cuando el FMI haga los primeros desembolsos del nuevo programa.

La segunda razón por la cual el acuerdo con el FMI es una buena noticia tiene que ver con la balanza de pagos y, por tanto, las reservas internacionales y la liquidez interna.

En 2023 las reservas del Banco Central (que no son ahorro fiscal) cayeron en $4.000 millones y la principal razón para ese desplome, que implicó un estrechamiento de la liquidez interna, fue el saldo negativo entre los créditos externos que el país recibió en 2023 y el servicio de deuda de años anteriores que se tuvo que pagar, a lo que se sumó un desplome en el superávit petrolero.

El acuerdo con el FMI, ya sea por los desembolsos que haga directamente ese organismo o por los créditos que otorguen otros multilaterales, ayudará a revertir en algo la caída de las reservas durante 2023 o, al menos, a impedir una nueva caída (considerando además que, aunque el precio del crudo ha mejorado, el volumen de producción no repunta).

Que ingresen dólares a la economía es una buena noticia también porque una mayor liquidez podría ayudar a reducir la presión al alza que actualmente existe sobre las tasas pasivas (las que pagan los bancos y las cooperativas por los depósitos, especialmente a plazo fijo), presión que ha llevado a muchas instituciones financieras a reducir el crédito productivo (cuyas tasas máximas están apenas por encima de las que están pagando por las captaciones) y enfocarse más en el crédito de consumo.

Una menor oferta de crédito productivo afecta a la inversión y, por lo tanto, al crecimiento y la generación de empleo.

Finalmente, pero no menos importante, los programas tipo Servicio Ampliado del FMI suelen incluir reformas estructurales en los países que acceden a ellos.

Mirar al futuro
En ese sentido, es importante que el Ecuador aproveche el contexto de este nuevo acuerdo para llevar adelante las reformas que se necesita, principalmente en lo fiscal (pero no solo en ese campo), de manera ordenada y con asesoría técnica. Las penurias que el Gobierno ha pasado en los últimos meses para poder honrar sus obligaciones más urgentes han dejado en evidencia que no se puede seguir postergando esas reformas. El aumento en la tasa del IVA fue un paso muy importante, pero otros temas, como la focalización de los subsidios a los combustibles y la optimización del gasto público para poder atender de mejor manera a sectores como el de seguridad o energía, siguen pendientes. Ojalá los dogmas y los intereses políticos no impidan llevarlas a cabo.

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