La Subsecretaría de Educación de Quito entregó 52 casos que estaban archivados desde 2014.
Desde 2017 y en lo que va de este año, al Ministerio de Educación llegaron 169 denuncias de violencia sexual en instituciones educativas del Distrito.
Así lo informó la subsecretaria de educación del Distrito 9, María Augusta Montalvo, ayer durante una reunión con el Fiscal Provincial de Pichincha.
La funcionaria explicó que el Ministerio cuenta con protocolos que se activan ante las denuncias y que las mismas están siendo investigadas.
Montalvo agregó que en la actual administración hay una política de “cero tolerancia a la violencia sexual y la impunidad”. Agregó que la sanción para quienes comenten este delito es la destitución inmediata.
“Todas las personas que trabajan en el sistema educativo pueden recibir denuncias y tienen la obligación de informar si conocen de algún caso de violencia sexual”, añadió la funcionaria.
En los casos se incluye todo tipo de abusos que parten desde el acoso sexual.
Reapertura de casos
Por la mañana, la funcionaria llegó a la Fiscalía Provincial de Pichincha para entregar 52 expedientes de casos de violencia sexual en instituciones educativas que habían sido archivadas de 2014 a 2017.
Los procesos administrativos ya habían sido investigados anteriormente. En algunos hubo sanciones que incluyeron multas o suspensiones temporales, pero no involucraron la destitución de los docentes. Otros terminaron archivados por distintos motivos.
EL DATO
En enero de 2018, el ministro de Educación, Fander Falconí, entregó 75 denuncias de violencia sexual a la Fiscalía General del Estado.Según Montalvo, los profesores implicados en los expedientes ya han sido separados de las instituciones educativas en las que laboraban.
Del total de los casos, 40 se registraron en planteles fiscales del Distrito y 12 en zonas rurales de Pichincha y en los cantones Mejía, Rumiñahui, Cayambe, Pedro Moncayo, Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos. Los expedientes, con los nombres de los acusados, se entregaron directamente al fiscal de Pichincha, Fabián Salazar, junto con un pedido para que se reabran las investigaciones.
“Es un tema importantísimo porque se trata de violencia sexual hacia niños y es prioritario para la Fiscalía dar respuesta oportuna a este pedido”, dijo Salazar y afirmó que desde este mismo día se repartirán los expedientes a los fiscales “para que tomen las medidas necesarias con urgencia”.
Como parte de las acciones que se han tomado para atender a las víctimas de los casos que se reabrirán, Álex Guadalupe, coordinador de la zona 2 del Ministerio de Educación, comentó que se ha acompañado a las víctimas con sicólogos. (PCV)
Instituciones intervenidas
°Los dos casos más recientes de intervenciones por parte de la Subsecretaría de Educación de Quito fueron el del colegio Benalcázar y el del plantel particular católico Ángel de la Guarda. En la primera, fueron diferentes factores los que provocaron que la Secretaría de Educación de Quito pidiera la intervención, según la información oficial. A pesar de eso, también se conocieron dos denuncias relacionadas con violencia sexual.
En el segundo, fueron los padres de familia quienes pidieron la intervención, debido a cinco denuncias de abuso y acoso sexual por parte de docentes a estudiantes. Con respecto a las intervenciones, María Augusta Montalvo, subsecretaria de Educación de Quito, dijo que se están realizando los procesos administrativos para tomar acciones concretas con respecto a los implicados. Sobre el caso de la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari (Aampetra), en la que fueron abusados 41 estudiantes por parte de un docente, recordó que la intervención se extendió por seis meses más.
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