El Amparo Constitucional, fue reemplazado en la Constitución del 2008 por la Acción de Protección constando en el Art. 88; establece diáfanamente que toda persona vulnerada en sus derechos, puede acudir a los jueces y solicitar Acción de Protección, para garantizar sus derechos fundamentales. En octubre de 2013, R.Correa dispuso al secretario jurídico A.Mera, quien por subsecretaría emitió una circular a todos los Jueces del Ecuador, en la que amenaza con destitución mediante el Consejo de la Judicatura, a quienes den paso a Acciones de Protección desfavorables a entidades del Estado.
Fue el más flagrante y descarado acto de injerencia en la justicia, un acto despiadado, que dejó en indefensión a todos los ciudadanos ante los abusos del poder: “La Acción de Protección, tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración a derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública.”
Al prohibir esta garantía constitucional con esa abusiva disposición, Correa podía pisotear a su antojo los derechos fundamentales, especialmente de quienes éramos sus críticos, pero estábamos a su merced en el servicio público. Ecuador se convertía en una dictadura, iban al tacho el Art. 82 sobre la Seguridad Jurídica y el Art. 76 de la Constitución sobre el derecho al Debido Proceso y a una justicia sin dilaciones, como derecho civil fundamental.
El derecho a la vida, al trabajo y a la subsistencia, son derechos fundamentales amparados en la Constitución; que en mi caso, fueron cruelmente vulnerados. Además de haber cercenado las conclusiones del sumario para justificar mi destitución, estuve en indefensión casi un año, esperando respuesta a mi apelación, que según la Ley debía contestarse en 60 días o asumirse como favorable.
Pese a esta brutal dilación rompiendo el Debido Proceso, y a lo antes expuesto, una Jueza cantonal, hoy asambleísta, rechazó mi pedido de Acción de Protección, fueron infructuosas mis apelaciones en las Cortes Provincial y Nacional, y mis alegatos ante otros entes serviles como CPC-CS y Defensoría de Pueblo, aún no entendía que todos respondían al mismo sátrapa y la razón y la ley poco importaban.
Van 9 años de lucha y lágrimas esperando una justicia que no llega, para miles de docentes ecuatorianos, que perdimos nuestro trabajo. Es indolente llamar a eso sed de venganza, es hambre y sed de justicia. Defenderemos este régimen hasta el final, pero con quienes fueron nuestros verdugos jamás habrá encuentro alguno.