Los bancos y emisores de tarjetas aseguran que solo cobran lo que dice la ley, pero hay otros costos con más pesos como la retención de impuestos.
En los últimos días se ha reavivado la polémica sobre cobros excesivos en los locales comerciales cuando un cliente paga con tarjeta de crédito. El pasado 5 de abril de 2022, la Defensoría del Pueblo, junto con otras entidades como las superintendencias y el Banco Central del Ecuador (BCE), formaron un comité especial para revisar porque existen reclamos ciudadanos de que se cobra un recargo de hasta el 13% en las transacciones con tarjeta de crédito.
Antonio Bermeo, dueño de una ferretería ubicada en el norte de Quito, explicó que los negocios pequeños cobran más a los clientes, porque de otra manera se quedan sin margen de ganancia.
“Por ejemplo, en un producto de $100, lo que nos terminan depositando en el banco, cuando cobramos con tarjeta de crédito, es alrededor de $86,78. Es decir, en esa transacción perdemos $13,32 y además debemos esperar entre 5 y 21 días para recibir el dinero. Por eso nos vemos obligados a hacer un recargo a los clientes”, dijo.
Lorena Merino, quien regenta un comercio minorista, aseguró que cuando son compras corrientes, lo que realmente retienen es hasta el 10%. Mientras, en operaciones diferidas, sobre todo sin intereses, puede llegar al 13%. “Con un margen de alrededor de 15%, todo el negocio queda en el pago de comisiones”, afirmó.
Control a los bancos
Ante la consulta de LA HORA sobre los controles a los cobros que se hacen desde las entidades financieras, la Asociación de Bancos Privados (Asobanca) aclaró que todas las comisiones que se cobran por servicios están reguladas desde el Estado, es decir, las instituciones financieras (incluidas las emisoras de tarjetas) no pueden establecer cobros discrecionales, sin la autorización previa de las autoridades.
En el caso de las comisiones a locales comerciales, por el uso del servicio de cobro con tarjeta, la Asobanca recalcó que “la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros de la entonces Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que está en vigor desde 2016, establece que la tarifa máxima que la entidad emisora de tarjetas puede cobrar a los negocios o establecimientos por el servicio es hasta 4,02% sobre el monto de la compra más IVA para tarjetas de crédito y hasta 2% más IVA para tarjetas de débito. Este valor debe ser asumido por el comercio y no trasladarse al cliente final o usuario del comercio”.
Esos porcentajes, incluso, son menores que la media regional, que en el caso de tarjetas de crédito llega a 4,5%. Además, en países como Colombia y Perú no hay prohibición legal expresa de que las comisiones no se trasladen a los clientes.
Retención de impuestos también influye
Fernando Cepeda, ingeniero comercial y consultor financiero, comentó que el problema real, y donde se va la mayor parte de la liquidez de los pequeños negocios, es en las retenciones de IVA y renta, que se hacen por orden del Servicio de Rentas Internas (SRI). Esa orden quedó determinada en la Resolución NAC-DGERCGC15-00000284.
“Esas retenciones no son beneficio para el emisor de la tarjeta o para el banco, sino que van al Estado. En ese escenario, si los porcentajes son muy altos, se debe revisar con las autoridades tributarias”, aseveró.
Según la Asobanca, este tema es uno de los factores que más desincentiva a los locales comerciales para que establezcan medios de pago electrónicos.
Cepeda recalcó que se debe hacer una revisión de todos los costos asociados a las operaciones con el llamado dinero plástico y racionalizar o eliminar trabas donde se pueda.
Cifras
Sistemas de pago
Ese porcentaje apenas ha aumentado al 20%, cuando la media regional supera el 30%.
Según el informe Tendencias en Medios de Pago, realizado por Minsait Payments, casi el 40% de ecuatorianos prefieren el efectivo antes que otro medio de pago
