Pequeños negocios aseguran que pierden entre 10% y 13% de cada venta con tarjeta de crédito

El llamado dinero plástico tiene un porcentaje de uso bajo en Ecuador.

Los bancos y emisores de tarjetas aseguran que solo cobran lo que dice la ley, pero hay otros costos con más pesos como la retención de impuestos.

En los últimos días se ha reavivado la polémica sobre cobros excesivos en los locales comerciales cuando un cliente paga con tarjeta de crédito. El pasado 5 de abril de 2022, la Defensoría del Pueblo, junto con otras entidades como las superintendencias y el Banco Central del Ecuador (BCE), formaron un comité especial para revisar porque existen reclamos ciudadanos de que se cobra un recargo de hasta el 13% en las transacciones con tarjeta de crédito.

Antonio Bermeo, dueño de una ferretería ubicada en el norte de Quito, explicó que los negocios pequeños cobran más a los clientes, porque de otra manera se quedan sin margen de ganancia.

“Por ejemplo, en un producto de $100, lo que nos terminan depositando en el banco, cuando cobramos con tarjeta de crédito, es alrededor de $86,78. Es decir, en esa transacción perdemos $13,32 y además debemos esperar entre 5 y 21 días para recibir el dinero. Por eso nos vemos obligados a hacer un recargo a los clientes”, dijo.

Lorena Merino, quien regenta un comercio minorista, aseguró que cuando son compras corrientes, lo que realmente retienen es hasta el 10%. Mientras, en operaciones diferidas, sobre todo sin intereses, puede llegar al 13%. “Con un margen de alrededor de 15%, todo el negocio queda en el pago de comisiones”, afirmó.

Control a los bancos

Ante la consulta de LA HORA sobre los controles a los cobros que se hacen desde las entidades financieras, la Asociación de Bancos Privados (Asobanca) aclaró que todas las comisiones que se cobran por servicios están reguladas desde el Estado, es decir, las instituciones financieras (incluidas las emisoras de tarjetas) no pueden establecer cobros discrecionales, sin la autorización previa de las autoridades.

En el caso de las comisiones a locales comerciales, por el uso del servicio de cobro con tarjeta, la Asobanca recalcó que “la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros de la entonces Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que está en vigor desde 2016, establece que la tarifa máxima que la entidad emisora de tarjetas puede cobrar a los negocios o establecimientos por el servicio es hasta 4,02% sobre el monto de la compra más IVA para tarjetas de crédito y hasta 2% más IVA para tarjetas de débito. Este valor debe ser asumido por el comercio y no trasladarse al cliente final o usuario del comercio”.

Esos porcentajes, incluso, son menores que la media regional, que en el caso de tarjetas de crédito llega a 4,5%. Además, en países como Colombia y Perú no hay prohibición legal expresa de que las comisiones no se trasladen a los clientes.

La única excepción a la regla del no traspaso de comisiones al cliente final son los consumos para llenar tanque de gasolina en las estaciones de servicios.(JS)

Retención de impuestos también influye

Fernando Cepeda, ingeniero comercial y consultor financiero, comentó que el problema real, y donde se va la mayor parte de la liquidez de los pequeños negocios, es en las retenciones de IVA y renta, que se hacen por orden del Servicio de Rentas Internas (SRI). Esa orden quedó determinada en la Resolución NAC-DGERCGC15-00000284.

“Esas retenciones no son beneficio para el emisor de la tarjeta o para el banco, sino que van al Estado. En ese escenario, si los porcentajes son muy altos, se debe revisar con las autoridades tributarias”, aseveró.

Según la Asobanca, este tema es uno de los factores que más desincentiva a los locales comerciales para que establezcan medios de pago electrónicos.

Cepeda recalcó que se debe hacer una revisión de todos los costos asociados a las operaciones con el llamado dinero plástico y racionalizar o eliminar trabas donde se pueda.

Cifras

Sistemas de pago

A inicios de 2020, el Banco Central del Ecuador (BCE) detalló que el número de locales con opciones de pago diferentes al efectivo no superaba el 10% a escala nacional.

Ese porcentaje apenas ha aumentado al 20%, cuando la media regional supera el 30%.

Según el informe Tendencias en Medios de Pago, realizado por Minsait Payments, casi el 40% de ecuatorianos prefieren el efectivo antes que otro medio de pago

Odisea para cerrar los servicios de CNT

Situación. Varios son las personas que llegan con inconvenientes a las oficinas de CNT.

Son incontables las denuncias y las quejas de ciudadanos que han vivido amargas experiencias con los servicios de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).

Según un informe de la Defensoría del Pueblo, se registran cientos de denuncias a nivel nacional.

Servicios que no se dieron de baja, contratos que nunca firmaron, suplantación de identidad, deudas coactivas que tienen años, pero que recién les informan a los usuarios o se enteran por algún trámite, son el común de los casos de las denuncias de los usuarios.

 

Conflicto

La molestia es generalizada, así lo considera Estefanía Pico, quien manifestó que luego de varios años de que supuestamente había cancelado toda relación con CNT, justamente por inconvenientes en el servicio hoy se enfrenta a un juicio de coactiva.

“Me enteré por terceros, cuando fui a una institución financiera para realizar un préstamo. Me indicaron que no puedo acceder porque tengo juicio de coactiva y que incluso mis ahorros fueron bloqueados”, dijo.

Según la ciudadana al acercarse a las oficinas de CNT le informaron que la deuda tiene más de cuatro años y que se debía a un servicio de internet que ya fue cesado pero que quedó pendiente un saldo.

“Nunca me dijeron que quedaba algún saldo pendiente, además, por qué no indican al mes o dos meses para arreglar el problema, no esperar cuantos años y ni siquiera se dignan en informar”, comentó.

 

TOME NOTA

Los juicios de coactiva son procesos de corta duración que permiten cobrar las deudas, fundamentalmente de la cartera vencida de los bancos, en un plazo menor a un mes y no mayor a tres meses. Dicho procedimiento se basa en las normas contempladas en los códigos Civil y de Procedimiento Civil.

 

Caso similar es el que vivió otro ciudadano, quien prefirió mantener su nombre en reserva, él se enteró de la deuda por un anuncio en el periódico, donde se publicaron los nombres de quienes ya se encontraban en juicio de coactiva.

A decir del hombre, es increíble cómo se maneja esta institución, pues al momento de cancelar todos los contratos de servicios con CNT lo hizo con una tarjeta de crédito y exigió que se le cobre todo lo que haya que cobrar, ya que no quería tener nada más que ver con esta institución.

Sin embargo, luego de varios años se enteró de que mantenía esa deuda y nadie le explicó por qué no cobraron todo cuando lo pidió.

 

El Dato
Para denuncias, reclamos, sugerencias y más se plantea llenar un 
formulario en el siguiente link. 
https://www.gob.ec/tramites/4469/webform

 

Situación

Juan José Simons, delegado provincial de la Defensoría del Pueblo en Tungurahua, manifestó que las personas, usuarias y consumidoras, están respaldadas por la constitución y la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, por lo cual en cualquier caso de vulneración de derechos o afectación se debe hacer la denuncia respectiva.

Según explicó el funcionario, existe ahora el servicio en línea en la página web de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), que es la encargada ahora de conocer los casos y dar seguimiento.

Al consultar sobre el tema a Fabricio Ríos, de CNT en Tungurahua, se manifestó que el tema se lo maneja desde planta central en Quito y que no podía brindar declaraciones sobre el particular. (FCT)

 

Denuncias de irregularidades en fiscalía

Con varios problemas inició 2022 la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) que, el año pasado, se vio envuelta en un escándalo de hackeo a sus sistemas y una declaratoria de emergencia institucional.

Según datos de la Fiscalía, son más de 2 mil 107 casos de suplantación de identidad, los que se detectaron.

En esos casos, las personas son notificadas con cuentas pendientes por líneas de telefonía fija o celular, internet, y otros servicios, que no contrataron, ni sabían de su existencia hasta ahora.

Los casos detectados corresponden al periodo entre 2017 y 2021; pero puede haber más dentro de los 351 mil 557 procesos coactivos (cobros forzosos) que tiene CNT actualmente en sus registros.

Defensoría del Pueblo exigirá a CNEL que devuelva valores

La defensoría del pueblo recepta las quejas por cobros elevados de planillas.

Ciudadanos se quejan por cobros elevados en las planillas de luz. Piden la intervención de las autoridades.

QUEVEDO • Continúan las quejas por el elevado costo del servicio de energía eléctrica, entre los ciudadanos del cantón Quevedo.

Aunque también hay usuarios que se han resignado al ‘dolor’ de tener que pagar altos valores, para evitar el corte.

Por ejemplo, María Flores, quien habita en la parroquia San Cristóbal, contó que su planilla es de más de 80 dólares cada mes, por lo que no comprende dicho exceso. Indicó que no tiene ni aire acondicionado, y sus focos son ahorradores.

“No he tenido tiempo de ir a reclamar a la empresa, pero creo que es obligación de ellos verificar cada caso, no simplemente cobrar por cobrar”, agregó la mujer, quién además pidió más control de parte de las autoridades locales y nacionales.

Detalles

En su visita al cantón Quevedo, la delgada de la Defensoría del Pueblo, en Los Ríos, Erika Alvarado, detalló que se reunirá con representantes de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), en la provincia. Agregó que abordarán el tema de lectura de los medidores y el proceso de facturación.

“La lectura presuntiva que se ha venido aplicando, es lo que habría provocado los costos altos en las planillas de energía. Dichos rubros no pueden ser cancelados por los usuarios. Además, la no devolución de los valores ya pagados, ha conllevando a que se hagan notas de créditos, generando un perjuicio al consumidor”, expresó Alvarado.

La funcionaria agregó que van hacer el seguimiento, para que CNEL ejecute la devolución del efectivo a quienes han pagado en exceso.

También aseguró que pedirá que se incluya la prohibición de comenzar a emitir planillas con lecturas presuntivas. “Es un derecho que no se le cobre a nadie valores presuntivos. Si existen en sus domicilios personas que pertenecen a una atención prioritaria, a ellos no pueden cortarles el servicio”, dijo la Defensora, quien afirmó también que, ante cualquier novedad la Defensoría podrá intervenir. Ya que más allá de ser un servicio público, la luz es un servicio básico. (LRU)

Importante saber

° Todas las personas naturales que tengan 65 años en adelante, podrán contar con la tarifa de tercera edad en sus planillas de consumo de energía eléctrica. Ellos tienen derecho a ser exoneradas del pago del 50% del valor de consumo de energía eléctrica de un medidor por los primeros 138 kWh

Convenios

° Los convenios de pago con la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), por planillas de luz atrasadas, se extenderán hasta el 31 de diciembre de 2021. Los clientes con tarifa residencial y tarifa comercial podrán beneficiarse con convenios de pago flexibles. Los clientes residenciales necesitan pagar cuota inicial del 10% de entrada. Si son personas de la tercera edad o padecen de alguna discapacidad, deberán cancelar el 5% para realizar un convenio de pago.

Asaltan agencia de CNEL en Valencia

Exsecretario del CPCCS es el Defensor del Pueblo encargado

La presidenta Sofía Almeida defendió la designación del Defensor del Pueblo encargado.

Los consejeros de minoría denunciaron que Córdova es persona cercana a la presidenta del Consejo de Participación, Sofía Almeida.  

En una sesión polémica, la noche del sábado 18 de septiembre de 2021, la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) nombró  a César Marcel Córdova Valverde como Defensor del Pueblo encargado, hasta que el mismo Consejo nombre, mediante concurso de oposición y méritos, al titular de la Defensoría del Pueblo.

Córdova se desempeñó como secretario del CPCCS durante ocho meses, y presentó su renuncia el 12 de julio pasado. El nombramiento se aprobó con los votos de los consejeros: Sofía Almeida, David Rosero, Juan Javier Dávalos e Ibeth Estupiñán.

Los consejeros de minoría, Francisco Bravo, Hernán Ulloa y María Fernanda Rivadeneira, se abstuvieron de votar argumentando que Córdova no acredita trayectoria en derechos humanos, sino más en temas de aduanas. Ulloa fue más allá y dejó entrever que el Defensor del Pueblo encargado respondería a la Presidenta del CPCCS, Sofía Almeida.

“Como se conoce, la designación del secretario de un organismo se lo hace sobre la base de una terna que es enviada desde la Presidencia, porque se entiende que es una persona de entera confianza del presidente o presidenta”, señaló Ulloa, al tiempo de sostener la designación es ilegal porque el encargado no cumple con los requisitos que ordena la Constitución y la Ley.

De su parte, Almeida defendió la designación de Córdova, al señalar que sí registra un diplomado en materia de derechos humanos.

La Presidenta del Cpccs  señaló que fue “difícil tomar la decisión en tan corto tiempo” ya que recibieron varias hojas de vida. Apuntó que la ley de la Defensoría del Pueblo no establece un mecanismo para definir al encargado, una vez que Freddy Carrión fue censurado y destituido por la Asamblea Nacional.

Aclaro que Córdova estará en el cargo, mientras el CPCCS lleve adelante un concurso de méritos y oposición para designar a un nuevo titular de la Defensoría.

De su parte, la consejera Ibeth Estupiñán, quien es parte de la mayoría,  aseveró que si no cumplían con la designación este 18 de septiembre, podían caer en incumplimiento de funciones, lo cual sería causal para un juicio político.

Mientras que el consejero Juan Javier Dávalos dijo que la intención del nombramiento fue «darle una salida institucional» a la crisis de la Defensoría del Pueblo, ante las disputas internas que se evidenciaron desde que Freddy Carrión fue detenido por un supuesto abuso sexual, el 17 de mayo pasado.

Previo a la designación, los consejeros de mayoría dieron por conocido un informe jurídico no vinculante, que recomendaba que el encargo se realice a personas que no hayan tenido afiliación política en los últimos 10 años y que no formen parte de la Defensoría del Pueblo.

Aspectos que para el consejero Francisco Bravo van en contra de la Constitución porque es discriminatorio ya que afecta  la participación de quienes habrían querido intervenir en la elección. Aspecto con el que coincidió la consejera María Fernanda Rivadeneira, quien advirtió que esta designación podrí traer consecuencias. (RR)

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Sin fecha para designar a defensor del Pueblo encargado

 El Consejo de Participación Ciudadana debe nombrar al Defensor del Pueblo encargado. La Presidenta del organismo no da fecha para la designación.

 

La Defensoría del Pueblo quedará en acefalía desde mañana, sábado 18 de septiembre del 2021, debido que hasta el momento el Consejo de Participación Ciudadana y Control y Control Social (Cpccs), no se ha pronunciado sobre la subrogación en el organismo de defensa de los Derechos Humanos.

La presidenta del Cpccs, Sofía Almeida, al igual que el consejero, David Rosero, durante su comparecencia a la Comisión de Justicia de la Asamblea no supieron responder con claridad cuándo sería nombrado el Defenssor del Pueblo subrogante, quien reemplazará en estas funciones a Freddy Carrión quien fuera cesado y destituido con el voto de 75 asambleístas acusado de incumplimiento de funciones.

A esto se suma que quien estaba encargada de la defensoría del Pueblo, Zaida Rubira, también concluye sus funciones mañana.

“Es potestad exclusiva  del Cpccs de realizar y analizar cómo se hará este encargo. Nosotros tenemos la autonomía para ver cuáles son los parámetros de este encargo, cuál es el perfil de este defensor, lo que haremos es ver cuál es el mejor candidato para el encargo del Defensor del Pueblo (…)  Lo que esperamos es que sea lo más pronto posible por cuanto concluiría el tiempo de la subrogación”, afirmó Almeida en la Asamblea.

El consejero David Rosero coincidió con el criterio de la Presidenta Almeida, al señalar que la designación del Defensor del Pueblo encargado se hará oportunamente, sin establecer una fecha, y será designado hasta que el propio Cpccs lleve adelante el proceso de designación del titular de la Defensoría del Pueblo.

“Anuncio al país que en los próximos días vamos a encargar a un nuevo Defensor del Pueblo que cumpla con los requisitos que determina la Constitución”, sostuvo Rosero.

Esta falta de claridad no dejó contentos a los asambleístas quienes consideran que el Cpccs debe, de manera inmediata, nombrar al encargado.

En el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo se establece que, en el caso de ausencia definitiva de la máxima autoridad, se nombrará una autoridad encargada hasta que mediante un concurso público se elija a un nuevo defensor. (RR)

El día que la justicia fue secuestrada

Shakespeare Abarca Córdova

El Amparo Constitucional, fue reemplazado en la Constitución del 2008 por la Acción de Protección constando en el Art. 88; establece diáfanamente que toda persona vulnerada en sus derechos, puede acudir a los jueces y solicitar Acción de Protección, para garantizar sus derechos fundamentales. En octubre de 2013, R.Correa dispuso al secretario jurídico A.Mera, quien por subsecretaría emitió una circular a todos los Jueces del Ecuador, en la que amenaza con destitución mediante el Consejo de la Judicatura, a quienes den paso a Acciones de Protección desfavorables a entidades del Estado.

Fue el más flagrante y descarado acto de injerencia en la justicia, un acto despiadado, que dejó en indefensión a todos los ciudadanos ante los abusos del poder: “La Acción de Protección, tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración a derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública.”

Al prohibir esta garantía constitucional con esa abusiva disposición, Correa podía pisotear a su antojo los derechos fundamentales, especialmente de quienes éramos sus críticos, pero estábamos a su merced en el servicio público. Ecuador se convertía en una dictadura, iban al tacho el Art. 82 sobre la Seguridad Jurídica y el Art. 76 de la Constitución sobre el derecho al Debido Proceso y a una justicia sin dilaciones, como derecho civil fundamental.

El derecho a la vida, al trabajo y a la subsistencia, son derechos fundamentales amparados en la Constitución; que en mi caso, fueron cruelmente vulnerados. Además de haber cercenado las conclusiones del sumario para justificar mi destitución, estuve en indefensión casi un año, esperando respuesta a mi apelación, que según la Ley debía contestarse en 60 días o asumirse como favorable.

Pese a esta brutal dilación rompiendo el Debido Proceso, y a lo antes expuesto, una Jueza cantonal, hoy asambleísta, rechazó mi pedido de Acción de Protección, fueron infructuosas mis apelaciones en las Cortes Provincial y Nacional, y mis alegatos ante otros entes serviles como CPC-CS y Defensoría de Pueblo, aún no entendía que todos respondían al mismo sátrapa y la razón y la ley poco importaban.

Van 9 años de lucha y lágrimas esperando una justicia que no llega, para miles de docentes ecuatorianos, que perdimos nuestro trabajo. Es indolente llamar a eso sed de venganza, es hambre y sed de justicia. Defenderemos este régimen hasta el final, pero con quienes fueron nuestros verdugos jamás habrá encuentro alguno.

Juicio político a Freddy Carrión contará con 23 comparecencias

Con votación unánime, la Comisión de Fiscalización aprobó el cronograma.

La Comisión de Fiscalización aprobó el cronograma de comparecencias dentro del juicio político al defensor del Pueblo, Freddy Carrión, por supuestamente incumplir sus funciones. Tiene 15 días para presentar sus pruebas.

Con votación unánime, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó este 13 de agosto de 2021 el cronograma con 23 comparecencias, que arrancarán este 27 de agosto.

Freddy Carrión enfrenta esta solicitud de juicio político, tras ser acusado de incumplir sus funciones y no tener probidad notoria para ejercer el cargo.

Esto luego de los hechos ocurridos el 16 y 17 de mayo, donde Carrión incumplió con el toque de queda y fue acusado de abuso sexual a la pareja del exministro de Salud, Mauro Falconí. Desde el 17 de mayo, Carrión se encuentra detenido en la cárcel 4, norte de Quito.

Las 23 personas llamadas a comparecer rendirán su versión ante la Comisión de Fiscalización, encargada de recolectar las pruebas documentales y testimoniales dentro de esta solicitud de juicio.

Esta fase iniciará el 27 de agosto hasta el 3 de septiembre. Los primeros en ser escuchados serán los agentes policiales y mandos medios que estuvieron a cargo del operativo policial del 17 de mayo.

Entre los convocados para el 27 y 30 de agosto están:

  • Juan Fernando Ramos, mayor de la Policía
  • Juan Ernesto Zapata, director general Ecu 911
  • Alain Luna Villavicencio, policía jefe de la Zona 9 del Distrito Metropolitano de Quito
  • José Gabriel Martínez, ex ministro de Gobierno
  • Edmundo Moncayo,  exdirector general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI)

Luego, el 1 de septiembre se escucharán a las autoridades y funcionarios de la Defensoría del Pueblo (DPE); asimismo  a funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Entre las convocadas están:

  • Diana Salazar, fiscal general del Estado quien deberá exponer los 36 elementos de convicción presentados en el proceso penal abierto contra Carrión.
  • Zaida Rovira, actual defensora del Pueblo (s) desde el 17 de mayo.
  • Tania Castillo, funcionaria de la DPE que reclama el cargo de defensora subrogante, tras ser nombrada por Freddy Carrión. Sin embargo, esta asignación ha sido cuestionada porque Carrión al permanecer detenido no puede cumplir con las funciones administrativas.

Esta fase concluirá el 3 de septiembre con la intervención de los asambleístas interpelantes Ricardo Vanegas (Pachakutik) y Yeseña Guamaní (Izquierda Democrática). Luego se escuchará al defensor del Pueblo, Freddy Carrión.

Se desconoce si Freddy Carrión comparecerá de forma presencial ante la Comisión de Fiscalización, ya que se encuentra detenido desde el 17 de mayo. Carrión tiene un plazo 15 días para presentar sus pruebas de descargo. (MC)

https://twitter.com/FiscalizacionAN/status/1426318294991179779

Pugnas en la Defensoría del Pueblo detienen los procesos

PROCESO. El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, enfrenta dos juicios en su contra.

Grupos de derechos humanos aseguran que la falta de definición interna de la entidad impide resoluciones urgentes.

Este 17 de agosto se cumplen tres meses de la detención del defensor del Pueblo, Freddy Carrión, y aún la dirección de la Defensoría del Pueblo (DPE) se encuentra en pugna.  Organizaciones de derechos humanos denuncian que no se puede utilizar a la DPE como un botín político.

La defensora del Pueblo (s), Zaida Rovira, asegura que no se aferra  a su cargo, pero que subrogará a Freddy Carrión hasta que se cumpla la ausencia definitiva del Defensor del Pueblo. Este se halla detenido en la cárcel 4 desde el 17 mayo, tras ser acusado de abuso sexual a la pareja de un exfuncionario.

La ausencia definitiva se cumplirá este 17 agosto y Freddy Carrión esperaba volver a su cargo antes de esta fecha. Sin embargo, esta opción quedó truncada la tarde del 10 de agosto.

El juez de la Corte Nacional de Justicia Luis Rojas Calle decidió llamar a juicio a Freddy Carrión por el delito de abuso sexual y ratificó la prisión preventiva en su contra.

Carrión no sólo enfrenta el juicio penal, sino también el juicio político, que se inició el 8 de agosto en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Con votación unánime, los nueve legisladores decidieron iniciar el juicio político contra Carrión, acusado de incumplir sus funciones y de no tener la probidad notoria para ejercer el cargo.

Con este escenario  se espera que tras configurarse la ausencia definitiva de Carrión, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) nombre  a una nueva autoridad que dirija a la DPE, mientras se  realiza el concurso de méritos y oposición para designar a la nueva autoridad definitiva de la Defensoría del Pueblo. (MC)

Pugna por la titularidad de la DPE

Desde el 17 de mayo, Freddy Carrión está en prisión preventiva. Esto ha generado una disputa entre Zaida Rovira y Tania Castillo, quienes buscan ocupar la titularidad subrogante de la Defensoría del Pueblo.

Rovira asumió el cargo como defensora subrogante en abril. Sin embargo, fue cesada por el mismo Carrión el 17 de junio. Un día después, Carrión nombró a Tania Castillo como defensora subrogante; pero esta designación no fue acogida porque el Defensor no podía ejercer sus funciones administrativas.

Desde ese momento, tanto Rovira como Castillo se disputan el cargo. Incluso, la fuerza pública intervino para impedir el ingreso de Castillo a las instalaciones de la Defensoría del Pueblo, en el norte de Quito.

Castillo basa su legalidad como defensora del Pueblo en la designación de Carrión y en la resolución no vinculante del Consejo de Participación Ciudadana que señaló: Rovira no está facultada para impedir a Freddy Carrión ejercer el cargo por circunstancias de fuerza mayor.

Por su parte, Rovira defiende su legalidad del cargo basada en el artículo 15 de Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, que habla sobre la ausencia definitiva y temporal de la autoridad de esta cartera de Estado. Además, Rovira alega que el accionar de Castillo busca desestabilizar la institución.

Esta disputa y los procesos en contra de su máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo han generado que se afecte la legitimidad y el trabajo de la institución, explica Luis Ángel Saavedra, director de Fundación Inredh; y Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza por los Derechos Humanos.

Demoras y pendientes de la DPE

Para la Alianza de Derechos Humanos esta crisis institucional que vive la Defensoría del Pueblo por el accionar de sus autoridades afecta los derechos humanos y pone en tela de duda la legitimidad de la institución.

Por ejemplo, en la acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo en contra de la empresa Furukawa, acusada de esclavitud moderna, el juez solicitó al Consejo de Participación certifique quién es la defensora del Pueblo. Para Vivian Idrovo este accionar podría afectar la legitimidad de la lucha de las personas que han sido víctimas de esclavitud moderna.

Otro caso afectado por la crisis institucional de la DPE es el Proyecto de ley que regula y garantiza la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Esta propuesta fue ingresada el 28 de junio, pero hasta la fecha no ha sido calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional, encargado de aprobar y designar la comisión especializada para sus análisis.

Rovira se defiende y asegura que no solo es responsabilidad de la DPE, sino que también la Asamblea tiene la obligación de dar trámite a este proceso. La Corte Constitucional dio un plazo de seis meses a estas dos entidades para gestionar el proyecto de ley. En octubre se cumple el plazo.

Un problema de raíz

En 1996 se creó la Defensoría del Pueblo, tras el derrocamiento del expresidente Abdalá Bucaram. Julio Cesar Trujillo fue nombrado como primer defensor del Pueblo, recuerda Luis Ángel Saavedra, de Inredh. Sin embargo Trujillo renunció por falta de asignación presupuestaria a la institución y la Defensoría del Pueblo pasó a manos de la bancada del Partido Social Cristiano.

En 2007 con la nueva Constituyente,  la Defensoría del Pueblo volvió a ser una institución autónoma. No obstante, esto no duró mucho.

En 2011, con la presentación del informe de criminalización de la protesta social ocurrida durante el gobierno del ex presidente Rafael Correa, la Defensoría del Pueblo volvió a ser de interés del gobierno.  Ramiro Rivadeneira fue designado como defensor del Pueblo y eliminó el informe de criminalización y trabajó en función del Gobierno.

Para depurar la Defensoría, en 2018 fue designada Gina Benavides como defensora encargada hasta que se realizara el nuevo concurso. Su trabajo fue apoyado por las organizaciones de la sociedad civil; pero tampoco permaneció en el cargo.

En 2019, Freddy Carrión fue nombrado como defensor del Pueblo, pese a la impugnación en su contra por denuncia de violencia de género, explica Idrovo.

Ella asegura que las instituciones del Estado han minimizado desde el principio las acusaciones de violencia de género en contra de Carrión. “Lo han minimizado y reducido al campo personal y privado. Con ello han banalizado la violencia contra las mujeres”, dice Idrovo.

A  criterio de las organizaciones de derechos humanos, este accionar obliga a que Carrión renuncie a su cargo, pues es una  persona no proba y sin ética, lo cual le impide dirigir una institución de derechos, enfatiza.

Con ella coincide Saavedra, pero agrega que la Defensoría del Pueblo ha sido tomada como un botín político de cada Gobierno de turno para ocultar las denuncias de graves violaciones de derechos humanos. Aunque precisa que en estos años ha habido intentos por devolver a la Defensoría del Pueblo su razón de ser, pero que estos no prosperan por los intereses políticos de los gobernantes. Por eso asegura que es necesario que desde la designación de la nueva autoridad de la Defensoría se garantice transparencia; aunque duda de que el actual Consejo de Participación pueda garantizar aquello.

13 delegados provinciales de la DPE fueron cesados por la dirección de Rovira y fueron reemplazados por funcionarios de carrera.
El Consejo de Participación Ciudadana también debe impulsar el concurso para la Contraloría General del Estado y el Consejo Nacional Electoral.