La Comunidad de Barranquilla de San Javier, en San Lorenzo provincia de Esmeraldas busca que se les restituya el territorio que les habría sido despojado por parte de Energy & Palm y se reconozcan los derechos vulnerados por parte de la palmicultora. La audiencia se realizará el 31 de julio en el juzgado de San Lorenzo.
El caso Barranquilla ha escalado a la mirada internacional. Siete mecanismos de expertos de las Naciones Unidas emitieron un comunicado conjunto a favor de los defensores de los derechos humanos en la provincia de Esmeraldas.
La comuna de Barranquilla de San Javier está ubicada en el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas en Ecuador y fue constituida en el año 2000, mediante título de propiedad comunal entregado por el ex Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA).
(El 28 de junio del 2000, bajo registro N° 070 del Libro Registro de la propiedad del Cantón, y con N. 01 del Libro Repertorio, Página n°038 de esta oficina, fue inscrita una Adjudicación de un lote con una cabida de 1430,80 hectáreas, que otorga el INDA a favor de la Comuna afroecuatoriana, protocolizada en la Notaría Pública Cuarta del Cantón Esmeraldas).
Donde se les reconoce la posesión de 1430 hectáreas, amparadas en la Ley de Comunas del Ecuador (Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6614.pdf ) y en los derechos colectivos reconocidos en la Constitución del Ecuador (Disponible en: https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/02/Constitucion-de-la-Republica-del-Ecua dor_act_ene-2021.pdf ).Y en el convenio 169 de la OIT (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—americas/—ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf ) .
Compras ilegales
A partir del 2006 en el cantón de San Lorenzo, la Empresa Palmeras del Pacifico (hoy Energy & Palm, del grupo empresarial La Fabril).
Empezó a comprar tierras en la zona, inclusive tierras que se encontraban dentro de los títulos de propiedad colectiva de Comunas ya consolidadas, como es el caso de Barranquilla.
La compañía Energy & Palm logró adquirir de manera aparentemente fraudulenta como propiedad privada 251 hectáreas sobrepuestas al territorio de Barranquilla, pese a que la comuna tiene reconocimiento mediante escrituras legalizadas de este territorio.
Cabe recordar que desde la constitución del Ecuador del año 1998 ya existía la prohibición de enajenar, dividir, transferir e imprescriptibilidad de los territorios comunitarios. Estas tierras son utilizadas por la empresa principalmente para el monocultivo y procesamiento de palma aceitera y sus principales clientes son Pepsi y Nestlé.
Inicio de conflicto
El conflicto inició en noviembre del 2019 a partir de un plantón pacífico que llevó a cabo la comuna de Barranquilla en reclamo a la empresa Energy & Palm por la contaminación de sus fuentes de agua naturales, por la ocupación ilegal e inconstitucional de su territorio y por la deforestación del bosque primario, por parte de la palmicultora, del bosque parte del ecosistema del Chocó esmeraldeño que se encuentra en las tierras en disputa.
En febrero de 2020, ese plantón que se realizaba en uno de los caminos enfrente de la empresa fue violentamente desalojado por la Policía, con un presunto uso indebido de la fuerza.
A pretexto de este suceso, la empresa demandó a los líderes locales por el valor de $350.000 dólares, aduciendo lucro cesante y denunciando que sus cosechas no habían podido ser transportadas debido al plantón.
Según los defensores judicializados, la empresa nunca demostró las supuestas pérdidas o la capacidad de estos cuatro defensores para detener una operación completa; asimismo, el peritaje demostró ampliamente que la empresa contaba con al menos tres caminos alternativos para su operación.
Sentenciaron a defensores
En septiembre de 2021, el juez de primera instancia del cantón San Lorenzo sentenció a cuatro de los defensores a pagar parte de la indemnización exigida por la empresa. La comunidad apeló esta decisión y el 28 de julio de 2022, los jueces redujeron el pago a una ínfima cuantía, aunque está pendiente la sentencia por escrito.
Además se les ha otorgado amnistía por parte de la Asamblea Nacional En junio del 2022, en un comunicado conjunto, siete relatores de Naciones Unidas destacaron los actos de intimidación y criminalización en contra de líderes de la comunidad afroecuatoriana de Barranquilla de San Javier en la provincia de Esmeraldas.
Donde expresaron su preocupación por no protegerlos contra los abusos de derechos humanos que han sufrido por parte de una empresa palmicultora, así como el uso indebido del sistema judicial por parte de Energy & Palma ( Disponible en: https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=27458 ).
Además, instan a las autoridades a clarificar el caso en un plazo de 60 días, por el momento no tenemos conocimiento de que las autoridades ecuatorianas se hayan pronunciado.
Acción constitucional de Protección
Así mismo el 28 de diciembre del 2022, se presentó una Acción constitucional de Protección en el juzgado de San Lorenzo, por la recuperación del territorio de las 250 hectáreas que la apropio fraudulentamente cuando ya existía un título de propiedad concedido a la comunidad por territorio ancestral y esto vulnera el derecho al territorio de los pueblos afro ecuatorianos.
Por lo tanto, la comunidad solicita que se le restituya el territorio despojado a la comuna, así como que se inicien acciones de reparación integral para el pueblo afroecuatoriano afectado. La audiencia se efectuará el próximo lunes 31 de julio 2023.