Abusando del sistema democrático y tras cerca de un año, el presidente Guillermo Lasso finalmente logró imponer sus sesgos ideológicos y clericales frente al aborto por violación. Lo que debió haber sido una conquista largamente postergada terminó truncada por un capricho presidencial que contraría estándares internacionales y desafía la sentencia de la Corte Constitucional.
Ante el desafuero presidencial y a lo largo de todo el proceso, no hubo fuerza política alguna en la Asamblea que defendiese de forma consistente y monolítica el derecho de una mujer a acceder a un aborto tras una violación, aun cuando la coherencia ideológica así lo exigía. Como ya es costumbre, se intentó endilgar la responsabilidad a la Corte Constitucional en una maniobra más que evidencia la cobardía de los legisladores al momento de defender derechos.
El resultado de esta conjura es una peligrosa interpretación de la objeción de conciencia que contradice los principios fundacionales del Estado ecuatoriano y una explícita limitación de un derecho, que afectará a las más vulnerables de la sociedad. En la práctica, la clase política ecuatoriana revirtió casi hasta la prohibición el derecho a abortar tras una violación.
Pese a gobernar una república laica, el Presidente no tuvo reparo en admitir abiertamente la motivación religiosa de su veto. Con esto, Ecuador traiciona su larga tradición pionera y afín al progreso en materia de derechos. Las mismas excusas pudieron haberse usado en el pasado para limitar la educación laica, la separación entre Estado e Iglesia, el divorcio, la despenalización de la homosexualidad o la paridad de género. Ojalá quienes enterraron este salvavidas para tantas mujeres ecuatorianas, recuerden que no están en el confesionario, sino al mando de una Nación.