La propuesta de entregar gratuitamente productos de higiene menstrual es una de esas ideas a las que, racionalmente, nadie tendría que oponerse. Es una medida que, por un costo módico —alrededor de $160 millones, según los cálculos más pesimistas, para un presupuesto nacional de más de $30 mil millones—, tendría un impacto inmensamente positivo en la calidad de vida de un importante sector de la población. Las mejoras en productividad, desempeño educativo y salud implicarían una ganancia —o un ahorro— mucho mayor que esa cifra y la iniciativa podría dinamizar a todo un sector de la industria. Incluso si las cifras no jugaran a favor, no deja de ser una medida justa. La pobreza menstrual afecta a más de cinco millones de ecuatorianas, obligadas a asumir un costo muy elevado.
Resulta difícil entender por qué el Estado ha dejado que esta iniciativa caiga en el olvido. Mientras la burocracia impone sus tiempos y sus prioridades, las ecuatorianas se ven obligadas a apelar a prácticas indignas y peligrosas. Resulta absurdo hablar de justicia, igualdad o libertad si se prefiere mirar a otro lado ante una circunstancia tan evidente y solucionable. No se puede permitir que la algarabía política desemboque en la desatención de temas como este o, peor aún, que se quiera presentar a un tema tan relevante como un asunto privado, tabú o minoritario; la actitud de los asambleístas y del Ministerio de Salud muestra la misoginia disimulada que reina en la sociedad.
Junto a la Corte Constitucional, bien podría el presidente Guillermo Lasso, otorgar rápida solución a este incapacitante problema. Una vez hecho, tengan la certeza de que nadie con un gramo de decencia se opondrá.