La evidencia es contundente y las implicaciones gravísimas. El Gobierno del presidente Guillermo Lasso debe elegir ahora entre la transparencia —aunque ello implique exponer sus trapos sucios y poner en evidencia a gente de sus propias filas— y la terquedad de empezar a tapar, sucesivamente, mentiras con más mentiras. Finalmente, una serie de hechos antes incomprensibles comienzan a cobrar sentido — el sonado y nunca explicado retiro de visa americana del general Víctor Araus, la pasividad de la mafia albanesa mientras el enfrentamiento de bandas sacudía al país, la condescendencia imperante ante la presencia de prontuariados como Rubén Cherres en el círculo de influencia del régimen, los nombramientos de personas con perfiles dudosos en cargos determinantes—.
De nada le servirá ahora al régimen guardar silencio, culpar a otros o buscar distraer a la ciudadanía. El país necesita saber quién ordenó archivar una investigación que, a todas luces, ilustraba las incómodas conexiones de gente cercana al régimen. Es urgente, asimismo, esclarecer cuán profundo penetraron en el régimen actual los tentáculos de esas organizaciones criminales. Por último, el Gobierno debe informar qué y cuánto sabía el presidente Guillermo Lasso.
El ‘lassismo’ lleva mucho tiempo descalificando a sus opositores y críticos como agentes del narcotráfico. Miles de ecuatorianos han muerto bajo las balas del crimen organizado mientras el Presidente y su equipo elevan arengas, promesas y llamados a la unidad. En ese contexto, por un elemental sentido de decencia, el régimen no puede permitir que esto quede sin respuesta.