En la ‘Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19’ —ya publicada en el Registro Oficial–, se incluyen, en el Título X, una serie de Reformas a la Ley de Hidrocarburos que no han sido suficientemente discutidas.
El documento, en su parte introductoria, habla de la industria hidrocarburífera como “la fuente más importante de ingresos del Estado”, invita a “desarrollar el sector a fin de aumentar recursos que garanticen el crecimiento sustentable del Ecuador” y sentencia que “su regulación y planificación actual no diseña el mejor escenario posible para el aprovechamiento eficiente y sostenible”. Habla de “optimizar los ingresos del Estado a través de la incrementación de la producción petrolera”. Las reformas en sí buscan atraer mayor inversión privada —nacional o extranjera—, aumentar la producción y romper trabas nacionalistas.
Discretamente, el gobierno ha conseguido plasmar una política petrolera que ve al sector hidrocarburífero principalmente como una fuente de ingresos, una alcancía, para el Estado —antes que como fuente de energía para el desarrollo, un generador de trabajo, innovación y tecnología, o un recurso del que se debe diversificar—. A la insistente promesa de aumentar la producción a un millón de barriles se suma ahora la de que, contra toda sospecha, la riqueza petrolera se destinará para financiar las pérdidas del Estado y el dispendio de la cosa pública, mas no la inversión -ni la más fundamental- en salud y educación, de la que tanto carece el país.
FRASES DEL DÍA
«El riesgo que conlleva una mala decisión es preferible al terror de la indecisión.”
Maimónides (1138-1204), sabio sefardí
«La política previene conflictos, pero solo la educación sienta la paz.”
María Montessori (1870-1952), educadora italiana