El anuncio de que la promocionada inauguración del Metro de Quito no pasará de ser una ‘casa abierta’ cayó como un balde de agua fría. En lugar de optar por la transparencia, las autoridades siguen apelando a verdades a medias y ‘golpes de efecto’ que agudizan la desconfianza y el pesimismo de los capitalinos. Esta ‘jugarreta’ es apenas la última de una serie de malentendidos deliberados y anuncios prematuros empujados desde la Alcaldía con respecto al Metro.
A estas alturas, tras 12 años de obras y cuatro de retraso, no queda sino esperar. Sobran las excusas para que, si así lo quisieran, los futuros alcaldes puedan postergar indefinidamente, entre recriminaciones y lavados de manos, la entrada en funcionamiento de la millonaria obra; por ello, es digno de encomio el que se haya optado por asumir responsabilidades y echar a andar, finalmente, el Metro.
Sin embargo, se requiere más transparencia. Las autoridades de la ciudad deberían decir todo lo que saben sobre el Metro, pero también ser lo suficientemente sinceras como para admitir que no lo tienen bajo control. Demasiadas interrogantes se apiñan alrededor del esperado sistema de transporte. ¿Existe una fecha definida para el arranque?
¿Qué tan definitiva es la tarifa que se ha planteado? ¿Es realmente posible que se reorganicen las rutas de transporte colectivo en función del Metro? ¿Quién, y en cuánto tiempo, pagará la deuda? ¿Se ha esclarecido ya el escándalo que se destapó en España sobre los presuntos sobornos?