El caso de Paola Roldán ha logrado atraer una inusitada cantidad de atención ciudadana hacia el tema de la eutanasia. En medio de esta tragedia, una serie de elementos adicionales confluyeron para, al menos, abrir la puerta a este debate tan urgente y necesario: una protagonista elocuente y determinada, un entorno familiar que comprende y apoya su causa, abundante atención social y mediática, entre otros. Cuando se presentó la demanda ante la Corte Constitucional, se esperaba una respuesta ágil, dentro de los plazos razonables. Sin embargo, el tiempo pasa, no hay respuesta y se corre el riesgo de que Paola muera antes de que la Corte actúe.
Bastan la acción de la Corte Constitucional y reformas mínimas al Código Orgánico Integral Penal para atender el pedido de Roldán y ofrecer una alternativa a tantos ecuatorianos que sufren y sufrirán similares circunstancias. Hasta el momento, ha quedado claro —tras más de 100 ‘amicus curiae’ y abundantes muestras de solidaridad— que la causa de Roldán goza de apoyo abrumador. La eutanasia es un derecho cuya importancia no dejará de crecer y que será protagónico en el mundo del futuro, ¿por qué no afrontarlo ya?
La demora de parte del Estado implica, en el caso de Roldán, someterla a un sufrimiento cruel y creciente, en nombre de un legalismo absurdo que, en el fondo, esconde un miedo al cambio. Ante temas de este calibre, las más altas instancias del Estado y de la Justicia no pueden posponer y delegar decisiones urgentes. El país no puede dejar escapar esta oportunidad de legalizar la eutanasia.