El derecho a decidir morir (eutanasia) está en manos de los jueces de la Corte Constitucional, tras una demanda de inconstitucionalidad colocada en octubre de 2023 por Paola Roldán quien solicita la muerte asistida. Su defensa legal explica cuál es el proceso.
En Ecuador no existe el derecho a morir dignamente, es decir, libres de dolor o sufrimientos causados por una enfermedad que no tiene cura o es extremadamente dolorosa. Este es el caso de Paola Roldán, una mujer de 42 años quien padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
El 25 de octubre de 2023, Roldán y su equipo legal presentaron una demanda de inconstitucionalidad al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que en su artículo 144 se refiere al homicidio sin excepciones. “No es lo mismo matar a una persona por intención y voluntad de quitarle la vida, a que la persona pida que por favor le maten, porque no puede morir y sufre mucho”, dice Ramiro Ávila, abogado experto en derechos humanos y parte del equipo legal de Roldán.
El jurista explica que desde 2014 el COIP no contempla la muerte asistida con atenuantes y juzga, por ejemplo, “a un médico que asista una muerte por piedad, como por homicidio”.
Es por eso que la demanda pide que se distinga el homicidio (muerte intencional), a una muerte donde la persona solicita morir. “Este derecho se deriva de la vida digna”, agrega Ávila.
Sin plazos
Al ser una acción de inconstitucionalidad, el primer paso es la demanda. Luego llega la admisión de la demanda (ya está admitida).
Según la Constitución, explica Ávila, la Corte Constitucional no tiene plazos. “Esto podría tardar mucho o poco; pero hemos pedido que se priorice para que no entre a la cola de los casos y esperamos que un mes o dos meses esto se resuelva”, señala el abogado.
Si bien los jueces pueden llamar o no a una audiencia, Ávila considera que sería importante realizarla, ya que la eutanasia es un tema de “debate social” y sería necesario que los jueces escuchen a partes a favor y en contra, así como criterios de expertos como médicos.
Por ejemplo, en sus redes sociales, el epidemiólogo Esteban Ortiz dice que la eutanasia es la terminación de la vida de un individuo que busca aliviar el sufrimiento causado por una enfermedad incurable o que cause dolor intenso.
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Causas ya admitidas
Aunque es la primera vez que se debate el derecho a decidir sobre cuándo morir y el hacerlo de manera asistida y digna, Ecuador tiene precedentes en procesos sobre la autonomía de los ciudadanos.
Ávila explica que hay argumentos a favor de la eutanasia que tienen mucho en común con el matrimonio igualitario y el aborto. “Por ejemplo, es sobre la autonomía. Sobre cuánto puede entrometerse el Estado en decisiones que tienen las personas que tomar libremente. Entonces, me da la impresión que la Corte, si es coherente con lo que ha sido en otros casos en los que ha dado prevalencia a la autonomía y libertad, tendría que dar paso a la eutanasia”.
Lo mismo señala Ortiz, quien dice que los argumentos pro eutanasia “radican en la autonomía. Es decir, las personas deben tener el derecho de decidir sobre su propio cuerpo”.
De dar paso a la demanda y reconocer la eutanasia como un derecho, el Ministerio de Salud deberá crear un protocolo, ya que para acceder al derecho a decidir sobre la muerte personas, se deben cumplir criterios “porque no se trata de que cualquier persona puede morir”, dice Ávila.
Entre los requisitos estaría:
- Tener una enfermedad diagnosticada o lesión grave.
- Que la lesión o enfermedad grave produzca daños físicos o emocionales.
- Que la persona que padece esto, tenga voluntad libre e informada de acceder a la eutanasia.
Ávila señala que a la demanda ha adjuntado el protocolo que maneja Colombia, uno de los nueve países del mundo en reconocer la eutanasia como un derecho.
Caso de Paola Roldán
La demandante, Paola Roldán, podría morir en cualquier momento y si la sentencia de la CC no llega hasta entonces “sería una respuesta tardía del Estado”, dice Ávila.
La mujer de 42 años aspira morir como ha vivido “de manera diga”, dijo a Diario El PAÍS, que recogió su historia.
Mientras la ELA avanza, Paola ha perdido la autonomía total de su cuerpo. Su vida transcurre siempre atendida por dos enfermeras y hasta limpiarse la nariz – dice Ávila– le representa un peligro de vida, ya que tiene un respirador.
Por ahora, Paola puede hablar y mover los ojos, “tiene lucidez increíble, pero tiene dificultades para respirar”, aclara su abogado, quien dice que será insufrible para Paola el momento que ya no pueda comunicar su dolor verbalmente. (AVV)
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La decisión de legalizar la eutanasia es netamente de la Corte Constitucional.
Para aprobar la sentencia de la eutanasia se requiere cinco de nueve votos de los jueces.
Enrique Herrería es el juez ponente del caso.