La cuenta regresiva está en marcha para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Sus principales autoridades hacen campaña por unas reformas que, aseguran, resultan impostergables. Advierten que solo cuentan, a lo sumo, con 18 meses para implementar los cambios y que, de no hacerlo, en dos o tres años la institución ya no tendrá recursos suficientes para cumplir sus obligaciones con los jubilados.
Se trata de otra “guerra avisada”. Desde hace más de una década, cuando las autoridades de entonces administraban el IESS con desparpajo y demagogia, se advertía sobre el curso que se imponía al organismo. El año pasado, el Gobierno del presidente Guillermo Lasso encargó una minuciosa y sólida propuesta de reformas a un equipo encabezado por Augusto De La Torre, que no fue tomada en cuenta. Ahora, cada vez queda menos tiempo.
En medio de todo esto, las reformas que ahora propone el IESS son, a todas luces, insuficientes. Un tibio aumento de los años de aportación —ante lo que igual se ofrecen mayores pensiones— es una simple artimaña para postergar la debacle y endilgarla a administraciones futuras. El problema real es que los supuestos de crecimiento poblacional y económico sobre los que se edificó el sistema han cambiado, y que la fórmula de cálculo de pensiones es insostenible, indefendible y un premio a la picardía. Si no se hace una verdadera reforma, que piense en el IESS no a cinco, sino a cincuenta años, no habrá fuerza capaz de convencer a los ecuatorianos de contribuir a este sistema sin futuro. La migración, la informalidad laboral y el descenso poblacional se encargarán de que el declive sea aún más rápido.