El Estado acaba de emprender una nueva ofensiva de acreditación que busca, supuestamente, mejorar la calidad de la educación universitaria del país. Intenta repetir, con nuevo brío y nuevos cuadros, lo mismo que se hizo hace más de una década. En aquel entonces, tras un esfuerzo burocratizante sin parangón, la educación superior del país supuestamente mejoró (aunque la medición se llevaba a cabo bajo estándares creados por los mismos evaluadores del Estado). Sin embargo, en la práctica, el país no vio, ni ha visto, en absoluto, la supuesta transformación económica —peor aún una moral o de calidad de vida— que debería seguir a una mejora sustancial de la educación superior. ¿No será acaso que los principales y verdaderos beneficiarios de todo aquel aparataje fueron los burócratas que lo dirigieron?
El Estado ecuatoriano sabe que las universidades públicas —en tanto dependen del presupuesto— y las privadas –porque reciben, salvo poquísimas excepciones, fondos públicos— no tienen forma de resistirse a su esfuerzo burocratizador. Pero no por mucho madrugar amanece más temprano; la educación en el mundo ya cambió irremediablemente y los esfuerzos por dirigirla o regularla a la vieja usanza, están irremediablemente condenados al fracaso.
Mientras la deserción en educación secundaria crece y cada vez más familias ecuatorianas apelan al endeudamiento para poder costear la educación universitaria, el Gobierno insiste en ofrecer un modelo universitario mal copiado de países con sociedades y economías absolutamente diferentes. Le corresponde a la ciudadanía descubrir, y optar, en lugar de ello, por las abundantes, casi infinitas, ofertas educativas que ofrece el mundo de hoy.