Esta no es la primera vez que, en un momento de urgencia fiscal, el Estado se vuelca sobre la banca. Durante las últimas dos décadas, las reformas tributarias, contribuciones especiales o exigencias directas han tenido siempre a los bancos —ahora también a las cooperativas— como uno de sus principales blancos. Ahora, la economía nacional está en riesgo de enfrentar las amargas consecuencias de esta mala costumbre.
Este arbitrario procedimiento se asienta en el argumento de que la banca ha tenido elevadas ganancias. En lugar de apelar a la solidaridad, ese pobre ejercicio retórico podría interpretarse como un simple castigo al éxito. O peor aún, parece sugerir que el éxito de la banca es producto del mal momento de la economía nacional, y que por lo tanto debe pagar por ello. Semejante política tributaria le da la razón a la banca cuando menciona la inestabilidad y la hostilidad del escenario nacional como argumento para mantener sus elevados intereses. Paradójicamente, todo esto termina agudizando los problemas de informalidad, baja bancarización y poco acceso al crédito.
De poco sirvió el esfuerzo gremial de comunicación de los bancos, de explicar que no era cierto que fueran sector más rentable del país ni el más lucrativo de la región. Poco importa la verdad. Las elecciones tributarias siguen siendo dictadas por traumas pasados —la crisis de 1999 y el manejo propagandístico que durante una década se hizo de ello, o el estigma que el expresidente Guillermo Lasso significó para el sector—; el problema es que la persecución de la prosperidad debería basarse en hechos y objetivos, no en dogmas, deseos o animadversiones.