El Estado diseñado en 2008 amenaza con devorarse a sí mismo. La acción de protección concedida por un juez de Montecristi exige al Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) conformar una veeduría ciudadana para “evaluar la designación” de la actual Corte Constitucional. Busca cambiar las decisiones del Consejo Transitorio —aprobado tras consulta popular—, cuyas acciones, ya lo dijo la propia Corte Constitucional, son irreversibles.
Hoy preocupados, los críticos de este nuevo arranche del Poder Judicial le reprocharon en su momento a un Guillermo Lasso que, en aras de jugar bajo las reglas constitucionales, se rehusó a meter la mano en la Justicia. No lo hizo, pero sus opositores lo volvieron a hacer.
Por un lado y, de nuevo, los organismos de control están sujetos a un Consejo de Participación hambriento de protagonismo y fervientemente alineado; tras la ‘muerte cruzada’, terminó convertido en la última y más importante cabeza de playa de todos los grupos políticos en contienda, menos del Gobierno saliente. Por el otro, se encuentra una Corte Constitucional que se esfuerza por tutelar el funcionamiento del Estado, y cuyo ‘jaque’ actual -en manos de una acción de protección- pudo haber evitado al igual que lo hizo con el mentado habeas corpus; y la interminable pugna protagonizada por el Consejo de la Judicatura.
Al igual que otras áreas del Estado, la Justicia tuvo un breve respiro durante el cual sus actores se acomodaron. Tuvo la oportunidad de renovarse y fortalecerse, quizá entonces hubiese podido resistir la arremetida que -lento pero seguro- avanza para someterla.