Nadie se opone a una mejora en las condiciones laborales de los trabajadores ecuatorianos. Sin embargo, eso solo es sostenible y conveniente cuando es producto de un aumento en la productividad. Si, en contraste, se decretan aumentos injustificados del salario básico —tal y como se ha venido haciendo en el país—, el resultado es una ficción dañina.
El trabajo formal en Ecuador es un lujo minoritario, en parte también, por el monto irreal que de forma arbitraria e irresponsable el Estado ha establecido para el salario básico unificado (SBU). La economía del país no alcanza para cubrir ese valor, por lo que los sueldos reales son considerablemente menores y quienes los reciben se ven condenados a la informalidad.
Hay incongruencias como que un agricultor gana, en promedio, $196 mensuales, pero en parte de la Sierra se ven invernaderos de flores, a un costo mínimo de $100.000 dólares por hectárea, que resaltan como lunares entre las chacras de las economías de subsistencia. El ingenio de quienes lavan dinero es ilimitado, y las distorsiones que esto crea para la moribunda economía formal, son devastadoras.
Es posible que Daniel Noboa insista en aumentar el SBU. Sin embargo, al no haber significativo crecimiento económico ni aumento de productividad, lo previsible es que algunos empleos desaparezcan -de nuevo-.
Medidas arbitrarias, inspiradas por la ambición política y desconectadas de la realidad fomentan la evasión y la informalidad; dinero que no ingresa a las arcas fiscales y de la seguridad social.
Un avance real en ingresos y calidad de vida requiere mayor productividad y para eso se necesita mejor infraestructura, energía, educación, seguridad y servicios básicos. El Estado debería concentrarse en ello en lugar de insistir en medidas cortoplacistas que agravan la situación.