Impulsado por grandes intereses económicos, Ecuador mantiene barreras y normativas en varios sectores que reservan mercados enteros solo para un puñado de grandes jugadores. El resultado es obvio: un pequeño sector formal dominado por grandes actores y un amplísimo sector informal precario, salvaje y fuera de control. El país debe evitar que esa receta se repita en el único sector que en el corto plazo ofrece verdaderas perspectivas de gran crecimiento e inclusión: la minería.
Es imprescindible adaptar la normativa para incluir a la mediana y pequeña minería en las cadenas formales de valor productivo. Conservar un marco legal que permita el acceso a un pequeño grupo de gigantes multinacionales no implica eliminar al resto de actores, sino permitir que sigan beneficiándose de la dañina informalidad en la que hoy operan. A diferencia de otros sectores con mayores barreras de acceso, como el petróleo, la minería implica una amplia cadena de participantes.
En materia regulatoria basta mirar a Perú, hoy el tercer país de la región con mayores reservas internacionales, en gran parte gracias a su campaña minera.
Formalizar la pequeña y mediana minería exige regulación ambiental efectiva; genera impuestos y regalías para el Estado, y limita el financiamiento del crimen organizado. Por último, genera empleos locales y logra una eficiente y rápida redistribución de los recursos generados.
Hasta que esto no ocurra, el Estado seguirá socapando a los grandes y conocidos actores de la minería ilegal que depredan el territorio, financian actividades irregulares y explotan a sus trabajadores. La oportunidad es histórica y los beneficios llegarían a tiempo para evitar otra catástrofe.