Diferencias en torno a las causales de juicio político obligarían a UNES a extender los plazos para la presentación de la solicitud de interpelación.
Las causales para oficializar un juicio político a Guillermo Lasso, presidente de la República -alrededor del denominado caso ‘El gran padrino’- empieza a alejar a la bancada correista de la Unión por la Esperanza (UNES), de sus aliados del Partido Social Cristiano (PSC) y la Izquierda Democrática (ID).
En la sesión del domingo 4 de marzo de 2023, estos bloques dieron sus votos para aprobar el informe correísta que recomendó enjuiciar al primer mandatario, invocando los numerales 1 y 2 del artículo 129 de la Constitución relacionados con delitos contra la seguridad del Estado, y por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.
A partir de entonces, los desacuerdos entre estas bancadas empezaron a evidenciarse.
El 7 de marzo, Viviana Veloz (UNES), quien actuó como presidenta de la comisión ocasional que indagó por 42 días la supuesta trama de corrupción, declaró que este 10 de marzo se presentaría la solicitud de juicio político al Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) .
Pocas horas después, Esteban Torres, coordinador socialcristiano señaló que la solicitud podría presentarse hasta el jueves o viernes, pero la próxima semana. El asambleísta enfatizó que la solicitud que se presente al CAL debe ser consensuada entre los miembros de la mayoría, para que el texto sea “muy bien redactado y profundo para remitir a la Corte Constitucional”.
Torre descartó que en el informe se incluya la causal 1 del artículo 129 que invoca delitos contra la seguridad del Estado. “Si vemos un texto que se quiere imponer con la causal 1 no vamos a respaldarlo, así de simple”, advirtió.
ID analiza el terreno
En la misma línea, la asambleísta Jeseña Guamaní, anunció que la ID aún no ha tomado una decisión. Agregó que eso dependerá de un análisis interno al interior de la bancada. Justificó el voto de la ID a favor del informe de la comisión ocasional que recomendó el juicio porque se configura la causal 2 del artículo 129 de la Constitución relacionada con “delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito” y la responsabilidad del jefe de Estado por “omisión”.
‘Declaraciones irresponsables’
Gisella Garzón (UNES) no se mostró sorprendida por las declaraciones de sus aliados y las calificó de irresponsables. “¿Cómo apoyaron un informe que ahora dicen que está mal hecho?”, cuestionó
“¿O no leyeron el informe, o usaron el voto para presionar al Gobierno y cotizarlo al alza? Esto es preocupante porque está en riesgo la seguridad y la crisis que vive el país”, puntualizó.
En todo caso, señaló que al interno de UNES trabajan en la redacción de la solicitud de juicio político al Presidente y afirmó que se mantendrán en las dos causales señaladas en el informe del caso ‘El gran padrino’. Tampoco descartó que sea Viviana Veloz la interpelante. (SC)
‘Afinar bien los términos’
Una eventual decisión correísta de modificar las causales de destitución al Presidente de la República no sería suficiente para lograr el apoyo de sus aliados socialcristianos, que pusieron condiciones para incluir sus firmas en la solicitud de juicio.
Virgilio Hernández, exasambleísta de la Revolución Ciudadana, opinó que aunque hay elementos fundados para considerar que el Presidente atentó contra la seguridad del Estado determinados en el numeral 1 del artículo 129, cree que debe abrirse una discusión jurídica en torno a la causal de “comisión por omisión”, que también se le imputa al mandatario.
A criterio de Hernández, más allá de la “omisión”, el Presidente “incumplió” su deber y obligación de custodiar los fondos públicos. “Por lo tanto habrá que afinar bien (el término), y entiendo que este fue el planteamiento que se incorporó en el debate por parte del Partido Social Cristiano”, indicó.
Consejo de Pachakutik
El Consejo Político Ampliado de Pachakutik será el que adopte una posición oficial respecto al juicio a Guillermo Lasso ante la eventualidad de que se produzca un dictamen favorable de admisibilidad en la Corte Constitucional (CC).
Pero, para que se cumpla este procedimiento, previamente el CAL tendrá que calificar el expediente que deberá ser presentado por un sector político de la Asamblea con el respaldo de 46 firmas, declarando que son verídicas y corresponden a sus titulares como lo determina el artículo 87 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL)
La normativa también ordena que la solicitud debe estar debidamente fundamentada, contener la formulación de los cargos por escrito atribuidos al presidente, el anuncio de la totalidad de la prueba y acompañar con la prueba documental que se disponga. “Nosotros todavía no hemos tomado una posición al respecto”, declaró Salvador Quishpe (Pachakutik).
“En los próximos días vamos a evaluar detenidamente, vamos a hacer análisis amplio junto a nuestra dirigencia nacional y provincial, y nuestras organizaciones que son parte de la estructura nacional de Pachakutik. Ahí tomaremos una decisión”, resaltó.
“Una solicitud de juicio es más compleja, más profunda, más difícil de realizar, y establecer el requisito que pide la Constitución: precisar el delito; si no se precisa el delito esa solicitud va al fracaso”. Esteban Torres, coordinador del Partido Social Cristiano.