Faltan menos de dos años para las próximas elecciones presidenciales y legislativas, y alrededor de veintisiete meses para que se posesionen las nuevas autoridades electas. Eso significa que arrancan, desde ya, los esfuerzos por dejar fuera de la contienda a todo candidato en potencia que represente una amenaza. La Asamblea acaba de censurar al exministro Patricio Carrillo; imposibilitándolo para cualquier cargo público por los próximos dos años. Si llegara a candidatizarse tendría que enfrentar su inscripción y la campaña con la censura todavía vigente —un escenario problemático—. Así, vuelve el uso del juicio político como arma para vetar contrincantes electorales.
Nuestro sistema político es generoso en alternativas para excluir a opositores de los procesos electorales. Los juicios políticos, con la composición actual de la Asamblea Nacional, constituyen una herramienta de fácil empleo para la mayoría de un Legislativo desprestigiado. El sistema penal con las consiguientes pérdidas de derechos políticos, y a veces incluso acusaciones relacionadas con la causa sagrada de los derechos humanos, permiten también ralentizar convenientemente cualquier carrera política o acelerarla, mediante amnistías. A ello se suman los obstáculos que legalmente pueden imponerse desde la Función Electoral y las guerras intestinas que, desde ya, arrancan en los diferentes movimientos.
Velasco Ibarra, Assad Bucaram, Abdalá Bucaram, Lucio Gutiérrez, Rafael Correa, Jorge Glas e, incluso, Jorge Yunda; nuestro sistema suele construirse sobre la conveniente exclusión de ‘grandes ausentes’.
El populismo autoritario inventó el linchamiento mediático para escudarse del escrutinio de la prensa; este linchamiento político los blinda de la competencia incómoda.
Ojalá que esta vez ya no sea así.