Han pasado dos años desde que se produjo el trágico aluvión en La Gasca, en Quito. Entonces, poco después de que se suscitó el desastre, quedó claro que no se había tratado de una desafortunada sorpresa ni de un cruel designio del azar. La desgracia había sido evitable y abundaban las advertencias, así como las lecciones del pasado, sobre el riesgo que rondaba ese sitio. Hoy, la pregunta de rigor es: ¿Aprendimos la lección? ¿Hemos implementado las medidas y recomendaciones que surgieron luego de la tragedia?
Los riesgos naturales objetivos que amenazan diversas zonas de la ciudad siguen presentes. A su vez, la expansión de las construcciones irregulares en las urbes no se detiene. ¿Se ha instaurado una cultura de prevención que permita sobrellevar el riesgo que entrañan las abundantes quebradas y el gran volumen de agua que se llega por temporadas? ¿Se han fortalecido las iniciativas de regulación y control que permitan a las autoridades municipales evitar las construcciones en zonas de riesgo?
Así como se requieren esfuerzos de parte de la autoridad, también es necesario involucrar a la ciudadanía al momento de hacerle frente a las inclemencias del clima. Informar a los habitantes sobre las amenazas que enfrentan en las zonas que habitan y frecuentan, así como cimentar planes adecuados de evacuación puede salvar vidas y proteger patrimonios.
El país no puede depender indefinidamente de la admirable resiliencia y capacidad de improvisación de su gente. La prevención debe ser política nacional.