El Gobierno del presidente Daniel Noboa tuvo el coraje y el acierto de incluir la pregunta sobre el trabajo por horas y la contratación a plazo fijo en la consulta popular. Se trata de una oportunidad invaluable para que el pronunciamiento soberano de los ecuatorianos empiece a solventar el estancamiento laboral patrocinado por un puñado de minorías privilegiadas. Sin embargo, el anuncio de la consulta ha despertado airadas reacciones de grupos inclementes que, cobijados por la etiqueta de ‘movimientos sociales’ o ‘representantes de los trabajadores’, buscan perpetuar la situación actual.
Quienes tienen trabajo formal en el país hoy constituyen una minoría y los organismos que se atribuyen su vocería apenas cuentan con una porción minúscula de ellos entre sus filas. La discusión de transformaciones laborales en el país requiere que las diferentes fuerzas políticas y de la sociedad civil hagan suya la defensa de los intereses de la amplia mayoría —informal y subempleada— de trabajadores. La crisis estructural del IESS, la transformación demográfica del país y las lacerantes cifras de desempleo demandan una victoria de estas propuestas en la consulta popular; una derrota implicaría desperdiciar una oportunidad histórica.
El mercado laboral ecuatoriano no puede seguir operando bajo estructuras y supuestos de hace más de un siglo. Solo oportunas reformas como estas —a las que después deberán seguir también otras— permitirán preservar la seguridad social, competir exitosamente con otras sociedades y aprovechar el dinamismo laboral que la tecnología actual permite. No podemos continuar estancados por defender una abstracta ‘no regresión’ que privilegia a unos pocos, pero que cierra las puertas a generaciones enteras.