La Corte Constitucional sigue dedicada a sepultar al Gobierno. Así, le manda un mensaje amenazante a cualquiera que piense en distanciarse de los principios impuestos en Montecristi en 2008. La misma corte que dio paso al absurdo juicio político al presidente Guillermo Lasso y que dejó a la producción petrolera ecuatoriana a merced del juicio de la muchedumbre acaba de dilapidar dos valiosas iniciativas.
La Corte Constitucional insiste en arrogarse el derecho de determinar qué es urgente, apelando para ello, con vanidad autorreferencial, a sus propios argumentos recientes. Juzga que el que un problema lleve años presente y que no se haya abordado significa que no es urgente. Bajo ese raciocinio risible, nada en el país sería urgente, ¿o es que acaso nuestros problemas más acuciantes no llevan décadas, siglos, presentes? Se atribuyen también el don de la clarividencia, de la profecía, al asegurar que una medida no tendrá efectos inmediatos, cuando en materia económica ni los más competentes osan predecir con tanta certeza.
En contraste, la corte defiende con ferocidad ideológica y conveniente laxitud el régimen laboral y el paralizante ordenamiento vigente del Estado, al punto de atreverse a “reprochar” al presidente y de “proteger los intereses de quienes no pudieron ser escuchados en el proceso de formación legislativa”. Pecan de optimistas cuando dicen que quieren evitar “un precedente antidemocrático que podría ser el germen de una descomposición institucional”. Poco importarán los precedentes; cada vez está más claro que ya nadie está contento con este orden constitucional.