Al observatorio al Financiamiento de la Política le llama la atención el caso de Natasha Rojas, quien reportó que gastó $2,50 en toda su campaña. O María José Carrión, quien reportó cero gastos.
El Observatorio al Financiamiento de la Política, en su informe “Financiamiento de la Política en las Elecciones Seccionales 2023”, encontró presuntas irregularidades en los reportes financieros durante la campaña para los comicios de febrero de 2023. Específicamente de quienes fueron candidatos a la Alcaldía de Quito.
Los reportes quincenales de las 12 candidaturas que se presentaron para terciar por la Alcaldía de Quito constan en el Consejo Nacional Electoral (CNE), a partir de una solicitud de acceso a la información presentada por el Observatorio.
Por ejemplo, en el caso de Jorge Yunda (Alianza Pachakutik-Mover), durante su cierre de campaña se entregó regalos. El Código de la Democracia prohíbe de “manera tajante” la entrega de ofrendas, especificó Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), capítulo de Transparencia Internacional en Ecuador.
Por ese tipo de infracción, la norma legal prevé sanciones económicas de hasta 20 salarios mínimos unificados o la pérdida de los derechos políticos entre seis meses a dos años.
Al Observatorio también le llama la atención el caso de Natasha Rojas (Unidad Popular), quien reportó que apenas gastó $2,50 en toda su campaña. O María José Carrión (Movimiento Amigo), “que no gastó un centavo durante la campaña”, afirmó Espinel.
Dijo que esto implicaría que la Dirección Nacional de Fiscalización de Partidos Políticos del CNE “debería cumplir con su trabajo”. Evidenciar que no se gastó dinero o que hubo una alteración de los valores que debían consignarse en los informes.
Según Espinel, en todos los candidatos se evidenció que los niveles de detalles en los reportes de gasto no son específicos, ni profundos.
El subdirector de FCD se refirió también al caso de Pabel Muñoz (Movimiento Revolución Ciudadana), alcalde electo de Quito, quien -de acuerdo con el informe-, aunque tiene un “muy buen reporte de gastos”, no tiene rubros referentes al cierre de campaña, contrario a Jorge Yunda, quien sí reporta gastos en la categoría cierre de campaña.
Asimismo, existen casos como el de Andrés Páez (Alianza Partido Sociedad Patriótica y Democracia Sí), quien reporta $1.200 en gastos, a pesar de que en ingresos tenían más de $40.000.
“En el informe no hay un solo candidato que no llame la atención”, puntualizó Espinel, quien cree que, dentro de los procesos de auditoría, la autoridad electoral debe identificar lo reportado por el alquiler de tarimas, presentación de artistas. Sin embargo, este tipo de rubros no existen en los reportes.
Caminos legales
El estudio del Observatorio al Financiamiento de la Política también halló supuestas irregularidades en las delegaciones provinciales electorales de Azuay y Guayas referentes a la presentación de los reportes de los candidatos a las alcaldías de Guayaquil y Cuenca.
En el transcurso de esta semana, los voceros del Observatorio harán público un detalle de las candidaturas para las alcaldías de Guayaquil y Cuenca que no habrían presentado la información, o que presentaron informes parciales.
Luego de la entrega de estos informes, la FCD no descarta analizar caminos legales para presentar las respectivas denuncias o acciones pertinentes ante la autoridad electoral para que se encargue de determinar las sanciones correspondientes.
El Código de la Democracia determina correctivos de acuerdo al tipo de infracción. Hay sanciones que van desde las multas económicas al partido político y el candidato puede ser responsable de manera solidaria.
Hay otros casos en los cuales las sanciones van al candidato o a la autoridad electa, que puede llevar a la pérdida de los derechos políticos, que implica no poder elegir, ni ser elegido, o la destitución.
Otro tipo de sanciones impiden que se pueda calificar, de darse el caso, su siguiente candidatura. Si es que un potencial candidato no presentó informes en una elección pasada, puede ser descalificado si resuelve volver a participar. (SC)
Lo que ordena la ley electoral
Las reformas al Código de la Democracia incorporaron la obligación de generar reportes de gastos e ingresos de las candidaturas en lapsos continuos de 15 días.
Esta obligación está consagrada en el artículo 211.1 del Código y el 27 del Reglamento para el Control y Fiscalización del Gasto Electoral.
Para dar un adecuado cumplimiento a esta obligación, las candidaturas deben considerar que el artículo 3 del reglamento mencionado establece que el período de control y fiscalización inicia a partir de la fecha de convocatoria a elecciones.
Además, el artículo 52 señala que las candidaturas deben reportar todos los gastos en que hayan incurrido, “aún si estos fueron realizados con anterioridad a la convocatoria a elecciones, siempre que no sean destinados para actos de precampaña”.
Monitoreo de las fuentes de financiamiento
El Observatorio al Financiamiento de la Política es una iniciativa de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), para la investigación, análisis y difusión de datos sobre el funcionamiento del financiamiento político en el país y la asignación de recursos públicos a las organizaciones políticas, utilizado para financiar sus actividades permanentes o promoción electoral.
La información presentada se ha consolidado a través del monitoreo de las fuentes de financiamiento de las organizaciones políticas y la visibilización al uso que estas dan a los fondos públicos y privados que reciben para su sistematización y presentación de manera amigable a la ciudadanía, según señaló Espinel.
El detalle de las candidaturas para las alcaldías de Guayaquil y Cuenca se presentará esta semana.