En circunstancias ideales, Ecuador tendría recursos propios suficientes para asegurar la conservación de las Galápagos. También en ese mundo utópico, los ingentes ingresos que generan las islas habrían servido para dotarla de infraestructura portuaria acorde, una empresa de navegación propia, fuentes de energía renovable y educación de calidad a su población. Con toda esa afluencia de recursos y una ciudadanía educada, la isla no requeriría subsidios y mantendría una relación comercial sana y fluida con el Ecuador continental.
Pero la realidad es otra. El Estado ecuatoriano accedió—en una especie de prenda disimulada por préstamos ya difíciles de pagar— a que organizaciones privadas y extranjeras decidan sobre proyectos de conservación y sostenibilidad. Esas iniciativas, de modesta cuantía, suelen enfocarse en monitoreo, vigilancia y control —ámbitos propios de la soberanía— y su principal objetivo no son las personas.
Al mismo tiempo, no solo que el archipiélago carece de los servicios e infraestructura a la altura, sino que se ve sometido a un sistema que en todo lado ha demostrado ser fuente de desabastecimiento y corrupción: monopolio de aprovisionamiento, restricciones comerciales y asignación de cupos. Con la excusa de la conservación, se permite que grupos rentistas se aprovechen de la riqueza de los habitantes de las islas.
Todo confluye para que el protagonismo de las Galápagos aumente: creciente agitación geopolítica en el Pacífico, ambientalismo mundial en alza, un Estado en crisis y una población local con crecientes demandas. Ecuador debe definir, de forma urgente y transparente, sus prioridades al respecto.