Los sangrientos hechos de esta semana constituyen una preocupante advertencia de lo que podría esperarle al país si ‘lucha contra el terrorismo’ se emprende a la ligera. Por un lado, dos policías de tropa murieron acribillados en un ataque artero y atroz; por el otro, en dos episodios diferentes, tres presuntos delincuentes fueron abatidos por agentes de policía lugares públicos en medio de asaltos. Parece que esta será la tónica, tras el anuncio de la nueva política de seguridad.
El Estado ha dicho que procederá contra el crimen organizado con implacable determinación. Es necesario tener presente, como se vio en noviembre del año pasado, que ello suele desatar una respuesta igualmente severa. El país enfrenta un hampa mejor armada que nunca, confiada en que puede torcer la Justicia a su favor e imbuida ya en una cultura de violencia y muerte que se profundiza y perfecciona con cada día que pasa. Para chocar con ella, las fuerzas del Estado necesitan consistencia en todos los frentes.
En los últimos meses se han visto importantes reformas en el campo legal —tanto a nivel de acciones de protección como en lo penal—, valiosos logros contra el tráfico de armas y avances en la adquisición de equipos, aunque siguen pendientes acciones contra el lavado que financia este mal. Se requiere ahora también una política de comunicación acorde a la tarea. El Estado no puede abrazar una narrativa que celebra el ‘dar de baja’ a presuntos delincuentes —ciudadanos, en fin— y azuze los bajos instintos de revancha y sadismo de la muchedumbre. Aun teniendo éxito, no hay nada que celebrar en lo que estamos viviendo.