La ausencia de agua potable en Esmeraldas es un escupitajo en la cara de los ciudadanos. No se puede exigir civilidad, disciplina ni orden a la gente si la clase política y la burocracia no son capaces siquiera de proveer agua para su subsistencia.
El agua es un derecho humano y constitucional. Así como denunciamos las quimeras y anhelos pueriles que la Constitución incluye como ‘derechos’, recordamos al Estado que sí está en plenas condiciones de garantizar el agua a todos sus ciudadanos.
Ecuador ha sido bendecido con ese recurso en abundancia y dispone del conocimiento, la experiencia y el capital para garantizar su suministro. No hay justificación para un desabastecimiento como el que viven tres cantones de Esmeraldas, que no sean la mala fe, la corrupción y la negligencia —con tintes racistas y regionalistas—.
Indigna que ciudadanos de bajos recursos, y en absoluto abandono del Estado y la sociedad, deban rebuscarse los bolsillos para comprar y acarrear agua, que los niños no puedan estudiar y las madres trabajar, mientras un puño de individuos lucran con sus tanqueros y las autoridades se escudan tras pretextos administrativos.
No es fuerza mayor; este vergonzoso desastre es producto de una sucesión de decisiones irresponsables y cálculos temerarios.
Ya lo vimos en países como Venezuela y Nicaragua: el colapso de servicios básicos es uno de los últimos síntomas, no los primeros, de la descomposición de un Estado.
La ciudadanía no está indefensa; tiene un arma poderosísima para usar en su defensa: el voto. En unos pocos meses podrá usarlo con toda su fuerza. ¡Atenta, Esmeraldas!