La falta de cooperación entre las instituciones del Estado y la facilidad con la que cada una de estas fabrica excusas y evade responsabilidades obstaculizan el combate a la delincuencia. Hay un cruce generalizado de acusaciones: la Policía —bajo el mando del Ejecutivo— culpa a los jueces; los jueces culpan a la Fiscalía; la Fiscalía culpa al Consejo de la Judicatura; y, para cerrar el círculo, el Consejo de la Judicatura culpa al Ministerio de Economía. Todos tienen algo de razón, pero ante una crisis generalizada y sistémica, lo correcto sería buscar soluciones consensuadas que involucren a todas las partes.
Hay pocos temas en los que convergemos todos los ecuatorianos; la seguridad es uno de ellos, quizá incluso el mayor. Cualquier iniciativa honesta que busque devolver la paz al país contará con amplio apoyo popular. Debemos rechazar las excusas políticas que dificultan la lucha contra el crimen; más aún, aquellas que rayan en la terquedad ideológica, como la excesiva fijación con la austeridad que profesa el Ejecutivo— o el excesivo celo gremial a costa del resto de la población —como el que exhibe la mayoría imperante en el Consejo de la Judicatura—.
En esta crisis de seguridad y a las puertas del proceso de evaluación, selección y nombramiento de fiscales, una pugna entre el Consejo de la Judicatura y el Gobierno es absolutamente innecesaria. En su lugar, es momento de ceder un poco y construir acuerdos. Quizá asuman la responsabilidad de liderar con el ejemplo.