La autorización para importar más de 60 mil toneladas de arroz uruguayo, otorgada por el Gobierno, desnudó las distorsiones de nuestra economía. Los productores nacionales protestan; creen que el ingreso de ese producto condenará a muchos de ellos a la quiebra. Aseguran que el país sí cuenta con producción suficiente, pero, como nadie sabe dónde está, culpan a las piladoras y a supuestos especuladores. Mientras, el Gobierno cree que el aumento del precio del arroz se debe a la falta de producción que conllevó el invierno y teme que se produzca una escasez que eleve el precio hasta las nubes. Por eso, el régimen ha optado por la importación, mientras que los productores buscan, como último recurso, una acción de protección.
Es un hecho que el arroz ha subido y que el Estado carece de la capacidad de controlar extensamente la especulación y garantizar el precio de sustentación, como exigen los productores. Profundizar ese modelo de barreras y restricciones solo conducirá a escasez y mercado negro. Pero también es cierto que la maniobra actual beneficia, una vez más, a importadores y a grupos económicos fuertes, y que la soberanía alimentaria del país no puede depender exclusivamente de proveedores extranjeros para enfrentar momentos de escasez.
La respuesta a esto, en todo el mundo, son iniciativas como la fallida Unidad Nacional de Almacenamiento, que permiten sobrellevar los breves momentos de irracionalidad del mercado sin caer en delirios de economías dirigidas. Implementarlas requiere renunciar a manías controladoras e impedir que la corrupción destruya todo.