Se supone que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) debería estar conformado por personas apolíticas. En teoría, tanto sus objetivos como sus procederes deberían ser reflejo de lo mejor de la ciudadanía y de la sociedad civil. Sin embargo, no hay institución que se le compare en su capacidad de generar convulsión permanente. Desde su creación, este organismo ha vivido una sucesión casi ininterrumpida de intrigas internas, reacomodos de poder, destituciones, enjuiciamientos y choques con otros poderes del Estado. El bochornoso episodio estelarizado por la expresidenta Nicole Bonifaz y su airada confrontación con la nueva mayoría de consejeros es el más reciente capítulo de esta absurda saga.
No hay más que conjeturas y rumores acerca de los verdaderos motivos detrás del incidente de ayer —al que la expresidenta calificó con el oxímoron de “golpe de Estado institucional”— y ni siquiera se puede descartar que haya sido apenas producto de un momento de alteración y torpeza. Tampoco está claro en qué puede afectar, realmente, en el desempeño de dicha institución de aquí en adelante. Lo que sí es evidente es que si este conflicto, como tantos anteriores, desemboca en la Corte Constitucional o en el Pleno de la Asamblea Nacional, el Cpccs volverá a sumirse en un atolladero en el que perderá valioso tiempo.
Todo esto no pasaría de ser otro momento mediático más si no fuera por todo el trabajo pendiente que tiene el Cpccs —atrasado hasta el punto de irrespetar plazos constitucionales y amenazar el funcionamiento del Estado—. Ojalá que el resto de poderes del Estado no se presten a este juego y sepan reinyectar algo de sentido común en este mal llamado ‘poder’ del Estado.