La Justicia decidió que no existió delito alguno en la compra de los siete helicópteros Dhruv que se llevó a cabo en 2008; así, los 18 procesados fueron sobreseídos. La decisión del juez fue inmediatamente apelada, pero la contundencia que esta exhibe torna muy improbable un desenlace diferente. Esta resolución llega en un momento político delicado. Para bien o para mal, tendrá un considerable impacto en la imagen y en el discurso de varios de los actores que se encuentran envueltos en la actual campaña electoral.
La Fiscalía, que para justificar su prudencia insistía siempre en que solo presenta casos sólidos, esta vez se quedó corta. Al llevar el tema de los Dhruv al campo técnico y financiero, se la puso fácil a los procesados, todos ellos buenos conocedores de esa maraña burocrática cuidadosamente construida durante una década para garantizar impunidad y consentir el desparpajo en la gestión pública.
Efectivamente, no se ha podido demostrar que hubo dolo de parte de los que tomaron la decisión de adquirir los helicópteros y el país no perdió dinero en la compra —al contrario, ganó ocho millones de dólares tras el pago del seguro, que llegó cuando el valor de dichas naves en el mercado ya había aumentado—. Sin embargo, en la práctica, lo que Ecuador hizo fue equivalente a emplear a sus soldados como pilotos de prueba. Debido a ello, tres murieron, uno quedó en silla de ruedas y una decena más resultaron heridos; los intermediarios de ventas de armas y seguros sí que lucraron. Cuesta aceptar que comprar máquinas de dudosa reputación —pese a las advertencias— y poner a compatriotas a volarlas, a un alto costo en salud y vidas, sea justo, por más que en ello el Estado haya ganado unos dólares.