Cada vez los ecuatorianos tardan más en independizarse. En el proceso, se ven obligados a recurrir a malabares económicos para salir ‘al paso’. El problema no es la falta de voluntad ni de virtud; el problema es un diseño económico e institucional que se ha desaprovechado, en detrimento de las futuras generaciones y los cambios tecnológicos.
Conforme los avances de la ciencia y la tecnología prolongan la vida productiva del ser humano, menos movilidad y recambio generacional existe en las posiciones de poder, que suelen ser las más rentables. En un país con altísima informalidad como Ecuador, donde instituciones como la jubilación o el ascenso por antigüedad, ese anquilosamiento se acentúa. Los sectores y posiciones de poder y de ingresos significativos son ocupados por una clase principalmente masculina, cada vez más pequeña, cada vez más anciana y más concentradora de recursos. Los jóvenes, en cambio, deben lidiar con una economía y un marco legal que conspira para postergar, cada vez más, su emancipación.
La independencia económica del individuo y el formar una familia han servido siempre para dejarlo solo ante, para que comprenda, las condiciones reales del país y del Estado. El sistema pospone ese momento porque una masa de ciudadanos perpetuamente infantilizados es más fácil de conducir. Hoy por hoy, en Ecuador, pocas cosas serían políticamente más transformadoras que impulsar una independencia más temprana de los jóvenes, por medio de reforma laboral, tributaria, y una política de vivienda y de producción acorde.