La denuncia de ofertas por un puesto de trabajo en la Secretaría Nacional de Aduanas por sobre el millón de dólares, denota lo lucrativo que puede ser un cargo público en el Ecuador. La compra del puesto atrae, incluso, a ‘inversionistas’. Otras sospechas involucran al Prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán de Pachakutik, y al exgerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño.
Estas prácticas contrarias a la ley y a la ética empapan todas las esferas del Estado: una asambleísta enrola a su empleada doméstica como asistente legislativa pero le retiene parte del sueldo; los ‘diezmos’ dejaron de ser novedad.
LA HORA denunció cómo, ni siquiera en la Asamblea, los legisladores transparentan su patrimonio e intereses. Hoy, a puertas de nuevas elecciones, hay decenas de precandidatos que, habiendo sido funcionarios públicos, jamás han presentado una declaración de este tipo.
El sistema se cuida a sí mismo y hace casi imposible detectar incrementos patrimoniales, así como esquemas societarios y testaferros, generados de este gran ‘negocio’.
En el país del 70% de desempleo, imposibles costos laborales y constantes paralizaciones del sector productivo, miles de ecuatorianos encontraron su gallina de los ‘huevos de oro’ en la función pública.
El Ejecutivo observa impávido y se limita a despedir funcionarios descubiertos o, en el mejor de los casos, incautos. Pero, los grandes problemas requieren soluciones creativas, firmes y drásticas.
Cuesta creer que este es el mismo Gobierno que con decisión y mano firme vacunó contra el Covid a la población, evitando corruptelas y tráfico de influencias tan característicos. ¿Podrá sanearse casa adentro?