En 2019 Ecuador importó 21,40 millones de barriles de diésel. En 2022 fueron 28,26 millones, un aumento de 30%. Con la subida de precio, eso significó 2.500 millones de dólares más para el país —una cifra mayor al déficit fiscal del año pasado o a todos los desembolsos que el FMI realizó en 2022—. La importación de gasolina, en contraste, descendió casi un 10 por ciento. El problema es que no está claro hacia dónde se está yendo ese diésel ni quién está verdaderamente beneficiándose del colosal gasto que significa.
Los sospechosos de siempre no bastan para ofrecer una explicación convincente. Probablemente el contrabando se ha agudizado, pero no se observan en los mercados de los países vecinos los cambios que implicaría una irrupción tan masiva de diésel traficado. Las cifras tampoco respaldan la hipótesis de una migración de la gasolina al diésel ni apuntan a que el origen sea la generación eléctrica. Sin duda, el posible desvío a industria de diésel destinado a energía es un problema, pero no debería influir en importaciones.
Hay hipótesis más estremecedoras. Es secreto a voces el empleo masivo de diésel en la minería ilegal y el riguroso control que el crimen organizado mantiene de su suministro y distribución. Las autoridades encargadas no ofrecen cifras sobre el escandaloso robo a los poliductos. La logística terrestre y marítima del narcotráfico, como la de cualquier industria, requiere diésel. Lo único que queda claro es que la economía nacional está financiando a sectores oscuros y que, en lugar de remediar eso, se castiga a la gente imponiendo cupos.