La oportunidad de incorporar a nuestra economía un sector minero moderno, profesional y responsable se nos está escabullendo. El comportamiento errático de la clase política, la fricción entre grupos de poder y la permanente convulsión espantan a los principales y más competentes inversionistas globales. Nuestra incapacidad de llegar a consensos nos obliga a renunciar al único rubro que, objetivamente, puede significar crecimiento económico a mediano plazo y a desaprovechar un momento histórico de demanda de minerales en el mercado mundial.
Diversos actores insisten en promover la ficción de un país que, obligado a elegir entre la minería o el ambiente, se inclina por lo segundo. No solo es falso que la explotación minera conlleve inevitablemente una catástrofe ambiental; sino también que el país esté en capacidad de ignorar total y eternamente sus recursos mineros. Semejante potencial de riqueza siempre pone a andar peligrosos mecanismos. Si el Estado no toma cartas en el asunto, toda esa fortuna continuará filtrándose junto a la minería ilegal —sin transferencia de tecnología ni cuidado ambiental— y fortaleciendo a un tenebroso sector económico constituido por criminales cuyo poder y prácticas se sentirán cada vez más.
La clase política y el Estado tampoco están a salvo. Hace poco más de medio siglo, una situación similar de pugnas, intrigas e indecisión alrededor del petróleo —y un boom mundial de la demanda— propiciaron una dictadura. El Estado ecuatoriano está en un espiral de debilitamiento, mientras la riqueza del subsuelo alimenta y tienta a delincuentes y criminales.