Cada vez son más las voces de alarma sobre la penetración del narcotráfico. En los últimos días, el embajador estadounidense advirtió, hastiado, sobre la generalizada indulgencia con funcionarios descarriados. Luego, el propio presidente Guillermo Lasso llamó la atención sobre los intentos del crimen organizado de hacerse con puestos de elección popular.
Atónita, la ciudadanía contempló cómo la Justicia sobreseyó en Manabí a 18 acusados de narcotráfico apelando a un tecnicismo; pese a la prolija investigación policial, que arrojó abundante evidencia sobre rol de los involucrados, la Justicia juzgó que el delito del que se los acusaba no procedía. Aunque hubo un voto salvado, los otros dos jueces —uno de ellos vinculado al correísmo— impusieron un fallo que siembra el desánimo entre las fuerzas de seguridad y ratifica la desconfianza en el aparato judicial.
¿Va el país a prestarse para el papel deprimente de contemplar con las manos atadas cómo el narco se hace con el poder político?
Si el Consejo Nacional Electoral no tiene la capacidad operativa, el marco legal ni la voluntad cívica de impedirlo, le corresponde al Ejecutivo asumir la tarea. La investigación policial, el trabajo de inteligencia, la cooperación internacional, y la labor de comunicación y divulgación —herramientas que sí están a disposición de Presidencia— pueden contribuir, al menos, a develar públicamente la verdad en estos momentos en los que parece que poco puede esperarse de los otros poderes.