¡Que los juzguen como adultos!

Christian Pérez

Dato preocupante: alerta Unicef que, en Ecuador, la tasa de homicidios de niños, niñas y adolescentes aumentó en un 640% en cuatro años. De los datos obtenidos de la plataforma gubernamental Datos Abiertos, 455 han fallecido en 2023. 433 de esos crímenes fueron tipificados como asesinatos, 14 como homicidios y 8 como femicidios. El 72% de los asesinatos se ejecutaron con armas de fuego.

Según el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, en los últimos cinco años, los homicidios intencionales en contra de adolescentes entre 15 y 19 años aumentaron en un 500% y evidencia una tendencia preocupante. Para este organismo, el incremento de este crimen está relacionado con el reclutamiento de niños y adolescentes por los grupos de delincuencia organizada, para extorsionar, asesinar, vender droga y reclutar a otros.

¿Qué han hecho el Estado, la sociedad y la familia para protegerlos?. Pues, Ecuador es el tercer país de la región con la tasa más alta de desnutrición infantil crónica, el maltrato físico y psicológico hacia ellos es una práctica cultural normalizada y, además, están expuestos al escaso acceso al sistema de educación y de salud. Sí, no hemos hecho lo suficiente.

Con este antecedente, no es difícil darse cuenta de que, para muchos niños y adolescente, los grupos de delincuencia organizada suplen el olvido estatal y los reclutan; y como consecuencia del estado de guerra interna, muchos de ellos han sido detenidos en medio de humillaciones y malos tratos, mientras que las grandes estructuras de financiamiento de la delincuencia siguen intactas. Sí, no se desconoce que han cometido infracciones, pero tampoco hay que olvidar que la gran mayoría de ellos han sido víctimas de reclutamiento obligatorio y sometidos a procesos de deshumanización.

El Estado y la sociedad no deberían mirar de lejos esta realidad y gritar ¡que los juzguen como adultos! Se debería, más bien, analizar las causas de este fenómeno y atacarlas sin piedad, pero a través de agresivas políticas públicas sociales para sacarlos de las calles y darles un proyecto de vida digno.