La legislación ecuatoriana reconoce a la prescripción como una forma de extinción de la acción penal, limitando al poder punitivo del Estado la persecución y sanción a quienes hayan adecuado su conducta a una infracción penal; todo esto, por efecto del tiempo, ya sea por desinterés del operador de justicia u olvido de la víctima para perseguir la acción.
Me pregunto ¿qué pasaría si no existiese la figura de la prescripción?, correspondería litigar toda la vida o cada vez que nos acordemos del juicio, manteniendo en zozobra a los justiciables y al entorno familiar que siempre estará pendiente de los resultados de la acción de la justicia. Pero el legislador es sabio (con excepción de los actuales) y previendo el feroz atraco de dinero por parte de nuestros malos ecuatorianos dictó una ley para que ciertas acciones penales y penas no prescriban; así tenemos que el peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, cuyas víctimas sean niños, niñas y adolescentes, y otras como la agresión a un Estado, genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas; así como también acciones legales por daños ambientales son imprescriptibles tanto en la acción como en la pena.
El legislador ha puesto énfasis especialmente en los delitos que se vinculan a la contratación pública, donde se manejan onerosos recursos del Estado, tratándoles como imprescriptibles y que se pueden juzgar en ausencia, ya que los nuestros cuando se convierten en funcionarios públicos, a la par tramitan la residencia y ciudadanía americana de donde no los mueve nadie, asegurándose la impunidad en el exterior, cargados de dinero pero con su conciencia intranquila día y noche.
En todo caso, lo que falta es reformar algunas disposiciones legales que tratan sobre la extradición, para hacer expedita su aplicación, a pesar de que no depende en su totalidad de nuestro país, sino además de los otros donde se han refugiado.