La Defensoría del Pueblo tiene, entre otras atribuciones, las de proteger los derechos y garantías de las personas, especialmente para prevenir e impedir los tratos inhumanos o degradantes en todas sus formas.
En octubre de 2019, el Ecuador entero se convulsionó con las protestas sociales lideradas por el movimiento indígena, derivadas de la decisión del gobierno de eliminar el subsidio a los combustibles, protestas que se salieron totalmente del cauce, degenerando en una revuelta con una virulencia nunca vista, a la que se adhirieron sectores plenamente identificados, cuya intención clara fue la de derrocar al ya debilitado gobierno.
El vandalismo, que duró 11 días, dejó como lamentable saldo: muertos y heridos, así como daños en propiedades públicas y privadas, incluido el incendio del edificio de la Contraloría en Quito, sumado a ello las incalculables pérdidas económicas por la total paralización de las actividades productivas.
Hace un par de días, en una actitud que no deja de provocar suspicacias, el Defensor del Pueblo presenta una denuncia en contra del Presidente de la República y de varios funcionarios y exfuncionarios del régimen, por supuestos “delitos de lesa humanidad” que se habrían perpetrado en aquellos aciagos días de octubre. ¿En qué está pensando el Defensor del Pueblo? ¿Acaso no son pueblo los heridos y los muertos como consecuencia de la violencia? ¿Acaso no son pueblo los militares, policías y periodistas que estuvieron secuestrados o fueron agredidos? ¿Acaso no somos pueblo quienes no pudimos desarrollar normalmente nuestras actividades laborales, o fuimos privados del agua potable por esas hordas enfurecidas?
El funcionario de marras, basado en un informe de una tal “comisión de la verdad”, habla de “represión”, olvidándose que es un deber de la Policía y de las Fuerzas Armadas velar por la seguridad y la paz, ejerciendo, de ser necesario, el uso proporcional y progresivo de la fuerza; de comprobarse algún exceso, pues que se lo identifique y se lo sancione, pero que no se pretenda vender la idea de que los manifestantes fueron unos “inocentes angelitos” que protestaban pacíficamente.