Rocío Silva
Alembert se enreda, desenreda y vuelve a enredarse, el comienzo de su maraña está en su famosa sentencia, que afirma que dará paso de forma inmediata para la conformación (de la veeduría), para revisar los actos atroces cometidos por el trujillato, y así, se atisba, cómo quien no quiere la cosa, la destitución de la Fiscal.
Alembert siempre presto al clamor del pueblo, acoge la decisión de unas medidas cautelares de un juez de Montecristi, el juez que otorga las medidas es investigado por prevaricato, entonces, muy solícito da paso a la convocatoria para crear dicha veeduría, que tiene más de 40 postulantes, todo fluiría de igual manera que fluyó su candidatura, porque se deslizó, sin esfuerzo alguno por la tierra de nadie, que son las redes sociales, en la que su figura política de campaña como candidato al Consejo de Participación Ciudadana, estuvo bajo la tutela publicitaria de la Revolución Ciudadana; y no sirvieron de nada denuncias y reclamos ante un comprensivo Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Pero esta vez, en el ovillo de seda, aparece el primer nudo, cuando al impetuoso Alembert, se le pasa por alto que la Corte Constitucional, blindó las actuaciones del Consejo Transitorio y, por ende, la designación de los jueces constitucionales que están en funciones desde entonces. Alembert, el otrora abogado del expresidente Rafael Correa en el caso El Universo, se asusta de modo tal en la gran breña causada, y se ve precisado a recurrir a papá Gutenberg, para que, ante su probable destitución, busque medidas cautelares en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pero la Corte Constitucional no quiere ni verle ni en pintura a papá Gutemberg, así que sólo serán atendidos los alegatos presentados por escrito.
Alembert no puede desenredarse solo, siente la distancia que le ha impuesto Johanna, que en su afán de soltarse del lío del incumplimiento del dictamen 219 de la Corte Constitucional, había pedido, en la víspera, cambiar el orden del día para que se archive la veeduría ciudadana que busca evaluar a los jueces de la Corte Constitucional designados por el Cpccs Transitorio, que funcionó entre marzo de 2018 y junio de 2019.