Verónica Narváez Terán
El impacto ambiental de la minería metálica en general se relaciona con la deforestación, la pérdida de hábitats y, lamentablemente, entre otras, por el consumo, desvío y alteración de las características del recurso agua. Cuando la minería es a gran escala, se conoce que existen mayores parámetros de control ambiental y social, aparentemente existe un compromiso de asignación de recursos económicos que garanticen el cuidado de los recursos naturales y el bienestar social de las comunidades aledañas. Con certeza, cuando tenemos minería ilegal la afectación a la naturaleza y comunidades es inminente.
Con mucho pesar, nuestro territorio, directa e indirectamente, tendrá impactos de la actividad minera de oro y plata, existen al menos 6 concesiones sin regularización (competencia exclusiva del MAATE) y solo la concesión minera “La Plata” se encuentra en proceso de regularización ambiental, causando gran conmoción y preocupación, no solo en la provincia de Cotopaxi donde se encuentra su implementación, también para nosotros como provincia Tsáchila, esto principalmente porque las descargas de aguas industriales tratadas serán destinadas a cuerpos hídricos que aportan al río Toachi.
La concesión que procesará 38.5 toneladas/hora de concentrados de cobre, y zinc con contenidos de oro y plata, descargará su agua tratada industrial al río La Plata y la quebrada La Florida, y aunque el 30% de agua tratada será descargada cumpliendo con la normativa y el 70% de agua tratada será recirculada a los diferentes procesos del proyecto, al menos creemos que esto debe mejorar al 90% de recirculación.
Como provincia, solicitamos ser parte activa del proceso de PARTICIPACIÓN CIUDADANA con la finalidad de reiterar nuestra preocupación de la posible afectación a los recursos, especialmente el componente hídrico, que es parte de nuestra provincia y es de usos varios.