Gonzalo Yépez Palma
Los ecuatorianos hemos quedado absortos por los efectos de una ley (COIP) que fue reformada en la década del Socialismo, donde se permite a rajatabla la impunidad de hechos sangrientos que conmueven a toda la nación y países vecinos.
De un tiempo a esta parte, abogados y jueces manejan a su antojo las famosas medidas cautelares y los amparos de protección, con una sabiduría increíble y una fabulosa interpretación que nos deja boquiabiertos a quienes luchamos por la práctica de una justicia severa e igualitaria.
Los grupos delictivos organizados conocen que nuestra ley es blandengue para ajusticiar a menores de edad, por eso los reclutan y los envían como carnada a cometer fechorías. Pero, aparte de eso, así sean adultos los delincuentes, más se demora la Policía Nacional en capturarlos que ellos en quedar libres por los argumentos que formulan abogados (amparados en la ley) y que los jueces aceptan, pese a que fiscalía pueda presentar pruebas contundentes y más pruebas.
Por último, como sucedió hace más de dos semanas, se da el caso que testigos claves de hechos sangrientos, son ajusticiados en las mismas celdas ante la mirada atónita de millones de ecuatorianos. ¿Coincidencia? ¿Justicia por mano propia? ¿Quién está detrás de todos estos capítulos?
Por esta razón, entendidos en la materia aseguran que la única salida es la urgente convocatoria a consulta popular para reformar parte de la Constitución del Estado, en materia penal y anular la vigencia de organismos que son una verdadera traba en los sistemas de control y nombramiento de autoridades. La esperanza está depositada en el nuevo Gobierno que, como la gran mayoría anhelamos, ojalá cuente con el apoyo legislativo para hacerlo y así evitar al máximo que muchos atropellos a nuestra sociedad y la propiedad privada queden en la impunidad.