Mesías Mestanza Solano
No sé si nuestras autoridades nacionales no entienden en qué consiste el estado de excepción, o si somos los ecuatorianos los que no entendemos este derecho. El estado de excepción es una limitación a ciertos derechos individuales en una nación, cuya atribución constitucional la tiene el Presidente de la República para decretarlo en situaciones extraordinarias que afecten gravemente a la seguridad del país, en las cuales son insuficientes las facultades ordinarias y comunes.
El Presidente está autorizado por la Constitución a decretar el estado de excepción en parte o en todo el territorio nacional en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural; por supuesto, aquel estado de excepción observará los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad y temporalidad, entre otros.
Se podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, de la correspondencia, libertad de tránsito, asociación, reunión e información en los términos que señala la Constitución; se puede decretar también la recaudación anticipada de tributos, utilizar fondos públicos destinados a otros fines, excepto los que corresponden a salud y educación; disponer la censura previa a la información; disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Pero no se trata únicamente de decretar el estado de excepción en el papel, sino, contar con suficientes militares y policías en las calles, con armamento idóneo, vehículos, helicópteros, municiones, y demás recursos.
Señor Presidente, abandone cualquier otra actividad no urgente y dedíquese a la seguridad las 24 horas del día, porque el comercio está cerrando sus puertas, los campos están siendo abandonados, la gente está encerrándose en sus casas y por ello sus actividades productivas ya se han limitado, pero los impuestos y tributos se tienen que pagar sin excepción.
Recuerden ecuatorianos que anteriormente los policías perseguían a los delincuentes… ahora éstos persiguen a los agentes del orden y a la gente honrada.
Usted, señor Presidente, tiene la obligación de restablecer el orden público y garantizar el Estado de Derecho.