Rogelio Morales Cattani
Las historias de odio, violencia, corrupción, impunidad avanzan de manera camuflada, y es obligación corregirlos a tiempo. Cuando la condición humana se enfrenta por ideologías o por intereses económicos, las evaluaciones pueden ser subjetivas y circunstanciales, pero para eso está la justicia, para aplicar la ley sin miramientos.
El 10 de diciembre de 1948, en la ciudad de París, se puso en vigencia la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, institución que, desde su creación, ha sido controversial, porque siendo una institución civil y debiendo actuar con “civilidad”, creada para proteger a las personas de la violencia física que pudiera ser ejecutada por parte del aparato estatal, o cuando esta violencia haya sido brutal, en muchos casos se ha politizado y desviado de su objetivo.
Como suele suceder, se olvidaron lo que sucedería cuando la violencia es contra agentes del Estado o población civil agredida por civiles, o cuando organizaciones delictivas se hayan robado el dinero de todos, pero para esto están los “Derechos Civiles” garantizados por el Estado, que tiene, por ley, el monopolio en el empleo de las armas para defender la Patria y prevenir los desmanes y asesinatos a sus habitantes, en el marco de un conflicto armado interno.
El Estado y la justicia cuentan con leyes e instrumentos para hacerse respetar. El principal derecho es el derecho a la vida, libertad y progreso. Cuando organizaciones terroristas asesinan a sangre fría, están irrespetando el derecho a la vida; y cuando organizaciones delincuenciales se apoderan del dinero del pueblo, irrespetan el derecho a la libertad y progreso, y el Estado está en la obligación de proteger los “Derechos Civiles” de la población. Ninguna entidad, nacional o internacional, con o sin fines de lucro, están sobre lo que dictamina la Constitución Política del Ecuador y las leyes que todos debemos respetar.