Mesías Mestanza Solano
Una de las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional es la amnistía, que consiste en un mecanismo de extinción de la acción penal en delitos políticos. No cabe amnistía en delitos contra la administración pública, ni genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidios.
La Asamblea Nacional ya comenzó amnistiando a 268 personas que destruyeron la ciudad de Quito, incendiaron la Contraloría, saquearon almacenes, fábricas, tiendas, destruyeron vehículos, incendiaron recintos policiales, secuestraron a periodistas y policías, atacaron ambulancias; en fin, los amnistiaron a pesar de haber cometido delitos de minería ilegal, sabotaje, terrorismo, asociación ilícita, paralización de servicios públicos, es decir, delitos comunes.
Ahora preparan la amnistía para Ricardo Patiño, mucho más fácil todavía; se avizora que la conseguirán, puesto que a nivel de Asamblea no se aplica la ley ni la Constitución, sino el alza de mano, máxime que la solicitud de amnistía se ha hecho coincidir con la Consulta Popular… ¿Qué negociación habrá de por medio? Con el mismo criterio que se aplicó a los incendiarios de la Contraloría, estoy seguro de que preparan la amnistía para los prófugos que están en el exterior y para los presos de los centros de rehabilitación por el “principio constitucional de igualdad”.
Les recuerdo que la amnistía extingue la acción penal, la pena y sus efectos jurídicos; y lo que es más, es de aplicación inmediata.
No olvidemos que los Padres de la Patria (Asamblea Nacional) tienen poderes casi omnímodos para hacer y deshacer lo que quieran; pero nosotros por acá también tenemos al juez de La Concordia que los vigila y espera que cumplan con su mandato judicial de pedir disculpas por la destitución y censura de los cuatro vocales del CPCCS e instalar una placa en la entrada del palacio legislativo que diga: “Ningún poder del Estado está por encima del Control Constitucional”.
En la amnistía sólo se cuentan los votos.