Andrés Ojeda Sotomayor
En un hito histórico para la conservación ambiental y los derechos de la naturaleza, el gobierno ecuatoriano deberá realizar la suspensión definitiva de todas las concesiones mineras presentes en el Chocó Andino. Los resultados de la Consulta Popular de 2023, arrojaron que el 70% de la población de Pichincha votó en contra del extractivismo dentro de esta reserva de biosfera. Sin embargo, su riqueza natural ha estado amenazada durante años por la actividad, dejando profundos impactos ambientales y sociales.
A mi criterio, la ratificación constitucional de esta decisión, validará el compromiso del Estado con la defensa del medio ambiente y los derechos colectivos. El mandato del pueblo deberá ser respetado a fin de precautelar no solo el invaluable patrimonio natural de esta área, sino también a través del desarrollo de alternativas económicas sostenibles para sus comunidades. Entre las medidas complementarias que se deberán promover se encuentran programas de reforestación, ecoturismo y agroecología, destinados a impulsar la conservación del Chocó y brindar oportunidades de sustento a sus habitantes.
Muchas comunidades dependían económicamente de la minería, y será necesario implementar programas de apoyo así como de reconversión laboral para garantizar su bienestar e integración hacia nuevas actividades económicas. Además, será fundamental fortalecer la vigilancia y el control para evitar la presencia de actividades ilegales que pongan en riesgo su preservación ecológica. El cierre permanente de la minería en el Chocó, lleva como antecedente una lucha permanente por la tutela de los derechos de la naturaleza, al ambiente sano y de las comunidades. Esta decisión marca el inicio de una nueva etapa donde la protección de la biodiversidad y el bienestar de las personas se convierten en prioridades relevantes para el desarrollo sostenible de la región y del país en su conjunto.