Wellington Toapanta
Iluso es establecer que, sin inversión, seguridad jurídica, se pueda desplazar a la pobreza, generar empleo desde las actividades informales hasta emprendimientos y corporaciones. El trabajo y el salario dignos no son consecuencia de delirios ni consignas.
Por ejemplo, al comprar, un abacero, porciones de bienes, realiza inversiones y espera réditos, e incurre en nueva inversión al contratar personal de apoyo para comercialización, escenas comunes en ferias semanales de mercados del Ecuador. Usuales son, en esos mercados, acuerdos verbales sobre tiempo y remuneración por horas, cimientes de compromisos que, progresivamente, se trasladan a otros negocios que operan sobre la base de reglas específicas que norman el creciente influjo globalizador en la economía y sociedad ecuatoriana.
Es progresiva la práctica de sistemas de relación laboral de otros países en los que priman jornadas y remuneraciones por horas, que les permiten tiempos necesarios para fortalecer estudios u otras ocupaciones, contratos que no les inmutan porque consideran usuales en Europa y Estados Unidos de América. Modalidad contractual que, incluyendo seguridad social, deberían valorar los actores políticos y sociales ‘progresistas’ que, en sus discursos, apuestan por la modernización, pero en la práctica sustentan postulados conservadores; reforma laboral que daría señales adecuadas para inversión extranjera directa, inversión nacional, producción, consecuentemente menos pobreza, más empleo, bienestar.
El conservadorismo del ‘progresismo’ redunda en sostener niveles de pobreza, porque demuestran pereza de investigar la clamorosa realidad nacional. Organizaciones políticas y sociales identificadas exentas de análisis dialéctico, parecen portavoces del esperpento constitucional vigente, que reprime a la seguridad ciudadana y al emprendimiento.
Oprobiosas son las denominadas acciones de protección que, en los ámbitos económicos-sociales son frenos sempiternos para procesos productivos de envergadura, que significan transferencia de tecnología, mano de obra calificada, salarios superiores al “digno” conservador.
Si, como lo ha dicho, la nueva administración gubernamental pretende reducir índices de pobreza, incrementar empleo productivo, concertadamente, debe desplazar la oprobiosa Constitución del 2008, para establecer una que restablezca el Estado de Derecho, seguridad jurídica, política, económica y social en el Ecuador; si no lo hace, seguirá igual o peor.